Demanda de Daños y perjuicios por Vuelo Demorado en Transporte Aéreo

INICIA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS

Señor Juez:

a V.S. me presento y respetuosamente digo:

– I – OBJETO

Que vengo a promover demanda de daños y perjuicios contra —————

La presente demanda tiene por objeto que se condene a las demandadas a resarcir la suma de pesos ———————, más ——millas del programa de fidelidad de la empresa ———- o su equivalente en pesos o lo que más o menos corresponda, más las multas, intereses y los daños y perjuicios ocasionados en el incumplimiento del contrato de transporte aéreo suscripto con la accionada, como los padecimientos y aflicciones sufridas por exclusiva culpa de la demandada, conforme las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

-II- HECHOS

-III- ANALISIS LEGAL

El contrato de transporte aéreo internacional celebrado con la demandada para ser trasladados en un avión de la aerolínea————–, se encuentra reglado por el Convenio de Varsovia de 1929, del cual ambos países son partes firmantes.

En virtud de dicho Convenio es que este Tribunal es competente en la presente causa y responsabiliza al transportador internacional de los daños ocasionados por cancelaciones en el transporte aéreo de viajeros, como es el caso. A la luz de los hechos, es evidente que la demandada no se molestó en tomar las medidas necesarias que podrían haberme evitado esta dañosa experiencia.

El hecho de podría haberse solucionado fácilmente si nos hubieran subido al avión de alguna otra compañía aérea, pero, por cuestiones de conveniencia empresarial, solamente nos dieron como opción un vuelo con salida horas, siendo esto inviable dado el itinerario de mis conexiones posteriores.

En este sentido, cabe destacar que, si la partida del vuelo se demora por un período superior a 4 (cuatro) horas, la empresa aérea tiene la obligación de proporcionar a los pasajeros afectados todas las facilidades necesarias, tales como refrescos, llamadas telefónicas, transporte de y hacia el aeropuerto, y alojamiento, estos últimos de ser necesario.

En el caso de que un pasajero no acepte ello, tiene derecho a continuar su viaje por otra compañía y a percibir el monto correspondiente a la diferencia del precio originalmente pagado y el efectivamente abonado por la ruta alternativa. Sin embargo, en el caso en cuestión, no se respetaron los derechos y se negaron los reintegros reclamados por todas las vías internas y extrajudiciales.

En relación con el Código Aeronáutico, éste se explaya sobre lo relacionado al derecho de información (art. 144), expresando que “El transportador es responsable de los daños resultantes del retraso en el transporte de pasajeros, equipajes o mercancías”.

A su vez, el art. 11 de la Resolución 1532/1998 dispone que “El transportador, salvo caso de fuerza mayor, debe cumplir con los horarios y los itinerarios publicados e indicados en el contrato”. En la misma línea, en el art. 12 inc. a) de la resolución, establece que el pasajero tendrá derecho “(…) – a ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio. Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete o de la porción aplicable del mismo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el transportador reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos para la ruta reprogramada son menores: – a la compensación por embarque denegado de acuerdo a las regulaciones del transportador, – a la inmediata devolución, si le correspondiere, del precio del contrato de transporte no utilizado y conforme a las modalidades de pago efectuadas (…)”.

De lo expuesto en la normativa se desprenden dos cosas: i) las aerolíneas son responsables por los daños resultantes de los retrasos (art. 144 CA) y; ii) las aerolíneas deberán abonar cualquier otro cargo aplicable (art 12ª Resol.1532/98).

Conforme lo expuesto, la ley aeronáutica se explaya sobre los acontecimientos análogos a los relatados en la presente causa más las empresas demandadas decidieron no hacer lugar a las peticiones realizadas por esta parte, basándose en excusas poco convincentes y arbitrarias.

Más allá de lo expuesto en la normativa aeronáutica, hay cuestiones que la normativa especial no contempla. Por ello, el artículo 63 de la ley 24.240 (en adelante “LDC”) dispone que “Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”.

Del artículo citado se desprende que hay casos en los que aplica la LDC, a pesar de que el tema en cuestión sea referente al transporte aéreo. En este sentido, la jurisprudencia se ha expedido al respecto argumentando que “Se debe recordar que los pasajeros que contratan los servicios de una aerolínea no son otra cosa que `consumidores` en los términos de la Ley N°24.240, es decir, son parte en una relación de consumo al adquirir los servicios de una empresa -en el caso, dedicada al transporte aéreo internacional-, en forma onerosa y como destinatarios finales, sea en beneficio propio o de su grupo familiar (conf. art. 1º, texto según Ley N°26.361, B.O. 7/4/08). Por ende, no puede sostenerse que queden excluidos, en forma total y generalizada, de las restantes disposiciones de la Ley N°24.240. Es el propio art. 63 de la Ley de Defensa del Consumidor el que morigera la excepción que consagra permitiendo aplicar la ley de manera supletoria, claro que, en todas aquellas cuestiones procesales que no impliquen apartarse de las normas especiales (conf. SalaIII, causa n°2.790/12 “Fortunato, José Claudio c/ American Airlines y otross/ pérdida/daño de equipaje” del 4/12/2012)” 131/8/2018 , “SEQUEIRA WOLF, GERMAN ARIEL C/ UNITED AIRLINES INC S/SUMARISIMO” (Expte- , JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8- SECRETARIA Nº 16, Expte. 4310/2018.

Teniendo esto en cuenta cabe destacar que en el caso en cuestión hay ciertos puntos que no son resueltos por la justicia aeronáutica, por lo que indefectiblemente deberemos remitirnos a normativa complementaria, tal y como lo dispone la ley mencionada.

La cuestión del incumplimiento de las modalidades contractuales es uno de casos que no son contemplados por la normativa aeronáutica. En el art. 19 de la LDC se dispone que “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.

Coincidentemente con ello, la Cámara de Apelaciones de Tucumán ha dicho que “(…) Podemos afirmar entonces, que la subsidiariedad de la Ley de Defensa del Consumidor, no exime al transportista aéreo de la obligación de informar ni de la de prestar el servicio en las condiciones pactadas, publicitadas o convenidas.” 2 Cámara Fed.Apelac.Tucuman, 10-9-2004, “Lopez, Carlos E. c. Empresa Lloyd Aéreo Boliviano” La Ley NOA 2005(mayo), 643.

Por su parte, la doctrina se ha expresado en el mismo sentido dictaminando que: “En nuestra opinión son aplicables al transporte aéreo en forma principal y no supletoriamente, entre otros, los siguientes artículos de la ley 24.240: 3° a 8°, 19 y 36 a 39” Farina, Juan M., “Defensa del Consumidor y del Usuario”, 2ª ed., Astrea, Buenos Aires 2000, p. 574.

Queda claro entonces que en cuestión de incumplimiento de contrato en las condiciones pactadas es aplicable el art. 19 de la LDC ya que dicho tópico no es tratado por la ley especial.

Por otro lado, el Código Civil y Comercial sancionado en agosto de 2015 trata específicamente el tema de los contratos de consumo sin hacer salvedad alguna sobre los contratos de transporte aéreo. Esta novedad es un punto de inflexión sobre toda la jurisprudencia abordada bajo la misma temática ya que permite introducir normas de consumo al régimen del transporte aéreo no solo como normas complementarias, sino como principales. Además, en caso de existir algún tipo de duda a esta altura sobre la normativa aplicable, deberá aplicarse siempre, de acuerdo al concepto in dubio pro consumidor, la más favorable al consumidor. Tal es así que el último párrafo del art. 1094 CCCN expresa:” (…) En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”.

Esto es importante ya que los institutos que enmarcan las relaciones de consumo en el CCCN deberán cumplirse aún en cuestiones de transporte aéreo. Como ejemplo relacionable con el caso en cuestión, podemos tomar los arts. 1097 sobre el trato digno (la falta de previsión de habernos avisado de la cancelación del vuelo ya habiendo despachado las valijas y sin dar una solución viable) y el art. 1100 sobre información (no coincidió el horario de despegue con el contratado).

En relación a la responsabilidad de la cancelación, es indistinto para el consumidor quién fue el responsable de que el vuelo no se llevara a cabo en las condiciones pactadas. Tal es así que el art. 2 de la LDC se encarga de aclarar que cualquiera que esté dentro de la cadena de consumo es considerado proveedor y, por ende, solidariamente responsable sobre cualquier perjuicio sufrido en la relación de consumo.

IV. REPARACIÓN DE DAÑOS

IV.1.- Daño Directo: En relación al daño, el CCCN establece lo siguiente en su art. 1710: “Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;(…) La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.

A su vez, el art. 1716 del mismo código dispone que “La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”.

IV.2.- Daño Moral: Expresa Von Ihering, que al que sufre un perjuicio debe serle reparado no solamente por las pérdidas pecuniarias sino también por las restricciones llevadas a su bienestar, a sus conveniencias, por los disgustos, las agitaciones del espíritu que le han sido causadas.- La persona, según este autor, puede ser lesionada por lo que es y por lo que tiene.- En lo que es: su cuerpo, su libertad, su honor y en lo que ella tiene en sus relaciones con el mundo exterior.-

En sentido concordante ha dicho la Jurisprudencia que “…el daño moral es aquel que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, y su reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos. No requiere prueba específica en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica” (S.C.B.A., 16-3-89, “Miguel, Rubén y otros c/ Comarca S.A y otro – L40.790- El Derecho, Tº 136, pág. 526).

“El reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral” Sumario Juba CBA, Ac 41539 S 21-11-1989.-

En el caso de especie existen todos elementos fácticos para demostrar acabadamente que la presente situación generó una notoria perturbación al espíritu mío y de mi esposa.

Por un lado, recibir la información una vez realizado el check in y despachadas las maletas denota el poco profesionalismo con el que se manejó la situación y queda evidenciado que la empresa nos dejó librados a nuestra propia suerte para resolver un problema generado por ellos.

Por otro lado, el hecho de iniciar las vacaciones de esta manera contradice el espíritu de las mismas, cuyo fin es el descanso anual. Es que resulta frustrante, luego de ahorrar todo el año, gastar el primer día del viaje el monto equivalente al presupuesto reservado para todos los días de estadía. La afectación a la predisposición de viajar y conocer es notoria y excede ampliamente los términos del contrato celebrado.

Es dable presumir que cuando haya un consumidor afectado en sus derechos, la afección moral sea de una entidad mucho mayor que en comparación con casos en donde el afectado no es consumidor ni usuario. Las empresas carecen de incentivos para mejorar sus servicios de atención al cliente, atender reclamos rápidamente, devolver sumas mal cobradas, etc.; utilizando palabras de Anaya, “las cuentas cierran mejor con el desconocimiento que con el cumplimiento de la ley.- La progresión del fenómeno se torna descomunal en el tráfico comercial de la contratación en masa, porque en la multitud de los contratos mal cumplidos, de las tarifas incorrectas, de los defectos de calidad, de las garantías burladas, de las reparaciones injustamente cobradas, etc. se generan responsabilidades cuantiosas en su consideración global; pero que se diluyen en las insignificantes cifras individuales que corresponden a cada uno de los millares de damnificados”

Todas esta situaciones de debilidad jurídico-estructural, provocan los sentimientos antes señalados, que obviamente, tienen virtualidad de generar daño moral ya que hacen sentir a la parte débil de la relación como un simple medio para la consecución de los fines económicos (o cuales fueren) del proveedor. No debe haber sentimiento más desagradable que sentirse una “cosa”, un “simple medio” o un “prisionero” de la política comercial de determinada empresa.

Concretamente en el caso en cuestión, hay que ponerse en la piel del consumidor que, planificando su viaje con varios meses de antelación, recibe un mensaje minutos antes del despegue informándole que su vuelo fue cancelado y sin dar soluciones al caso en concreto.

“…En el contrato de transporte aéreo, existe un interés especial en la regularidad de los servicios, por lo que la demora en el cumplimiento de la traslación altera uno de los elementos determinantes del acuerdo de voluntades, principio recogido en el art. 19 de la Convención de Varsovia de 1929 y en el art. 141 del Código Aeronáutico (conf. Folchi – Cosentino, Derecho aeronáutico y Transporte aéreo, Astrea, 1977, pág. 105). Dejando de lado las hipótesis de retraso inimputable, con los caracteres de inevitabilidad propios del caso fortuito, cuando el pasajero no es embarcado en el vuelo que correspondía a su reserva confirmada y acepta partir en el vuelo siguiente que le ofrece la empresa de navegación aérea, no se configura un supuesto de incumplimiento definitivo, sino sólo de retardo, el cual –en caso de ocasionar daños al pasajero- confiere a éste el derecho a indemnización. En estas condiciones, esta Cámara ha reconocido reiteradamente indemnizaciones en concepto de daño moral motivadas en las postergaciones de los vuelos experimentadas por los pasajeros, los cuales se vieron envueltos en una situación de desasosiego, fruto de la incertidumbre sobre la realización del viaje y de la prolongación del cansancio y del estrés que genera todo viaje. En este sentido, la jurisprudencia tiene dicho que esta pérdida de la tranquilidad espiritual, reemplazada en cierto sentido por un estado de ansiedad, comporta un daño moral digno de reparación que no requiere prueba específica de su realidad, porque pérdidas de esa especie configuran per se un obligado sometimiento al poder decisorio del incumplidor o, lo que es lo mismo, un recorte impuesto a la libertad personal (conf. Sala I, causas 2610/97 del 4/03/99, y 1611/97 del 31/10/02; Sala II, causa 5667/93 del 10/04/97; Sala III, causa 14.667/94 del 17/07/97)…” (CNFed. Civ. y Com., Sala (antelo), Piovano, Sofía c. American Airlines s. Daños y Perjuicios, expte. 7.383/01, 17.11.05). (el subrayado y la negrita me pertenece).

IV.3.- DAÑO PUNITIVO:

Que la reforma a la ley del consumidor ha incorporado en su artículo nº 52 bis la posibilidad de que el consumidor damnificado puede solicitar un resarcimiento por “daño punitivo” en casos de que exista incumplimiento legal o contractual. Esta multa civil, dice la norma, se deberá graduar en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso.

En lo que respecta al caso que nos ocupa, debo decir que estamos ante un caso de considerable gravedad. En el caso de autos todas las violaciones legales que fueron descriptas precedentemente resultan generadoras de daño punitivo, tal como lo viene entendiendo la doctrina y jurisprudencia nacional.

Esta actitud sumamente reveladora de una intención gravemente culposa, que demuestra total desinterés por la suerte del cliente y en franca violación a sus derechos, se hace merecedora del mayor de los reproches.- Sabido es que las sentencias no pueden desconocer las consecuencias que de ellas se derivan.- Se ha sostenido que

“Es deber de los tribunales -al tiempo de dictar su sentencias- ponderar las posibles y graves consecuencias de sus decisiones, y entre otros, los efectos en el campo económico y social” Sumario JUBA SCBA, C 101774 S 21-10-2009 y SCBA, L 94446 S 21-10-2009.- Ello responde a principios jurídicos destinados a cumplir con una eficiente prestación del servicio de justicia.-

Quizás a partir del fallo ejemplificado que aquí se solicita, las empresas comenzarán a cumplimentar con los horarios pactados. Esta herramienta servirá para poner coto a los abusos de las empresas como las demandadas que violan sistemáticamente los derechos de los consumidores sabedores de que muy pocos son los que llegan a las últimas instancias.

El instituto tal como se encuentra redactado, ha merecido justificada y voluminosa crítica de la doctrina civilista.- Es que el texto de la ley es muy amplio, con pocos parámetros que puedan guiar al juez a dictar una medida punitiva razonable, que no peque ni por exceso ni por defecto.-

Dice Alterini al respecto que “habría sido preferible considerar puntualmente -como dispone el artículo 49 para las sanciones previstas en el artículo 47- ´el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho´” Atilio, Anibal Alterini, “Las reformas a la ley de defensa del consumidor. Primera lectura, 20 años después” en “Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor”, Suplemento La Ley, abril 2008, pág.

Entiende esta parte que estos parámetros resultan de perfecta aplicación analógica al caso del daño punitivo. A pesar de la omisión del legislador no existe razón alguna de que los mismos se apliquen a la multa administrativa y no a la multa civil.

Además, por más que se entienda que la norma no tenga parámetros para cuantificar el daño, los descriptos por la norma obedecen a la aplicación de principios lógicos universales que cualquier juez aplicaría en pos de lograr una justa solución al caso concreto, lo que desde ya solicito.

Tampoco pueden desconocerse que las faltas descriptas, conllevan todas sin exclusión una gravedad y riesgo social de enormes dimensiones. Estas conductas cuando resultan generalizadas tienen directa implicancia en el agravamiento del fenómeno de anomia social que reina hoy en día en la sociedad argentina.-

Es que este tipo de conductas o prácticas abusivas tiene la virtualidad seria de irradiar hacia los miembros de la sociedad, fuertes pensamientos de descreimiento en las normas, reglas y conductas debidas.

A nivel jurisprudencial ya se dieron varios pasos en la materia. A modo de ejemplo, en los autos “Machinandiarena Hernández, Nicolás v. Telefónica de Argentina”9 la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 2ª, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda promovida por Nicolás Machinandiarena Hernández contra Telefónica Móviles Argentina S.A. y condenó a esta última a que abone a aquél la suma de $ 30.000 en concepto de daño moral y la de $ 30.000 por multa civil por no contar en uno de sus locales con rampa de acceso para discapacitados motores al apersonarse Machinandiarena, y de esta manera verse imposibilitado de ingresar al interior del local para hacer un reclamo, siendo de esta manera discriminado (por omisión) por el proveedor, configurando un trato indigno.-

En los autos “Barrera Jorge Ramón c/ Coto Centro Integral de Comercialización S.A.”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, del 10/3/201610 se concedió la suma de $500.000 en concepto de daño punitivo, ante el incumplimiento de las normas de protección al consumidor al vender productos en mal estado de conservación, violar el deber de información y comercializar alimentos adulterados.

A su vez, en los autos “G.I.T. c/ Swiss Medical S.A. s/ Ordinario”11, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en fecha 13 de Abril de 2011, condenó a la empresa demandada a pagar la suma de $50.000 en concepto de daño punitivo, tras considerar que la conducta de la prepaga ““fue cruel y grosera, existiendo una manifiesta y grave despreocupación por las necesidades del accionante en condición de discapacidad. Por lo demás, su calidad de profesional de la salud, la responsabiliza de manera agravada, pues no procuró una comunicación efectiva con el accionante (en su condición de afiliado), sino que ignoró sistemáticamente sus requerimientos”.

En un fallo dictado por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Tucumán en la que un consumidor encontró una pila dentro de una botella de gaseosa, condenó a la demandada a abonar $ 500.000 en concepto de daño punitivo E., N. E. vs. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. s. Daños y perjuicios /// Cámara Civil y Comercial Común Sala II, San Miguel de Tucumán, Tucumán; 27-07-2017, RC J 5364/17

En este caso, hay que hacer especial hincapié en que: i) se avisó de la cancelación del vuelo una vez realizado el check in y habiendo despachado las valijas; ii) a pesar de informar sobre las conexiones de mis vuelos, no ofrecieron alternativa viable alguna; iii) al día de la fecha no se devolvió ni el dinero ni las millas invertidas.

Es por todo lo anteriormente expuesto que solicitamos a V. S. que tenga en cuenta los puntos expuestos conforme a su sana crítica para estimar el daño punitivo.

V. LIQUIDACIÓN

VI. INTERESES

Se solicita a V.S., se otorguen intereses a la tasa activa que cobra el Banco Nación en sus operaciones de descuentos de documentos a fin de que no se diluya el monto ni convenga a la parte demandada alargar el juicio lo más posible para licuar su importe (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 317:1921; Fallos 322:2002).

VII. JURISDICCIÓN

En relación al punto de la jurisdicción en las relaciones de consumo, el nuevo CCCN se ocupa de este punto en su art. 2654: “Jurisdicción. Las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden interponerse, a elección del consumidor, ante los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato (…)”. Por lo indicado en el artículo precedente es que entendemos que queda a criterio del consumidor, característica definida por el art. 1092 CCCN, la elección de la jurisdicción que le parezca más conveniente y, en este caso, se elige la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tribunales Nacionales Federales.

VIII. BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA

Conforme lo establecido en el artículo 53, el cual dispone que “(…) Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita (…).

Por ello es que, atento a lo manifestado en relación al Código Civil y Comercial de la Nación y, de manera complementaria a la ley 24.240, es que estamos frente a una relación de consumo. Dicho esto, es claro que el consumidor, figura protegida por la misma Constitución Nacional en su art. 42, debe contar no solo con toda la protección necesaria sino también con las facilidades al acceso a la justicia.

IX. PRUEBA

En sustento de lo expuesto, ofrecemos los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL:

INFORMATIVA:

PERICIAL:

X. RESERVA DEL CASO FEDERAL:

Para el hipotético supuesto en que no se hiciere lugar a lo peticionado por esta parte, hacemos expresa reserva del caso federal, por considerar agraviados los principios constitucionales de igualdad, defensa, propiedad, y legalidad previstos por los artículos 16,17, 18, 31 y 42 de la Constitución Nacional.

XI. ACTA DE MEDIACIÓN:

Se adjunta Acta de Mediación sin acuerdo de mediación privada.

XII. LEGITIMACIÓN ACTIVA:

Conforme lo estipulado en el art. 1092 del CCCN estamos frente a una relación de consumo ya que hay un proveedor (aerolínea) y un consumidor (Agustín Fernando Kloster). En concreto, dicho artículo dispone que “Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

No cabe duda aquí que se adquirieron pasajes para el grupo social/familiar, por lo que se concluye que tanto Mariano Javier González como María Gracia Pietra están legitimados para realizar la presente acción ya que son parte de una misma reserva.

XIII. PETITORIO:

Que, por todo lo anteriormente expuesto, de V.S solicito:

a) Se nos tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio;

b) Se tenga presente la prueba ofrecida;

c) Se tenga presente la reserva del caso federal;

d) Se otorgue el beneficio de justicia gratuita;

e) En su hora, se haga lugar a la demanda incoada en todas sus partes, intereses, costos y las costas del proceso.

Proveer de Conformidad, que

SERÁ JUSTICIA.-