SE PRESENTA – ACREDITA PERSONERIA – CONSTITUYE DOMICILIO PROCESAL Y ELECTRONICO – PROMUEVE DEMANDA POR REAJUSTE POR MOVILIDAD DE R.V.P. – IMPUGNA RESOLUCION ADMINISTRATIVA – INVOCA PRECEDENTE “DEPRATI” – OFRECE PRUEBA – CASO FEDERAL
Señor Juez:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, abogada (T° xxx F° xxx CPACF), constituyendo domicilio legal en xxxxxxxxxxxxxxx de esta Ciudad, y electrónico en 27-xxxxxxxxxxx-2, a VS me presento y respetuosamente digo:
PERSONERIA
Que, en mérito del Acta Poder N° ……. que se acompaña, fui designada apoderada del Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, titular del DNI N° xxxxxxxxxxxxx, CUIL xxxxxxxxxxxxxxx, y beneficio de pensión N° xxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio real en la calle xxxxxxxxxxxxxx de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
OBJETO
Que, en el carácter invocado vengo a promover formal demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con domicilio legal en Av. Paseo Colon 329, Piso 7° de esta Ciudad, con motivo de la denegatoria recaída en las actuaciones administrativas N° ………….., solicitando que se declare la nulidad de dicho acto administrativo y se haga lugar al pedido de actualización por movilidad de su Pensión percibida bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional (RVP) de conformidad con los lineamientos expuestos por la CSJN en los precedentes “DEPRATI ADRIAN FRANCISCO C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS” y “BADARO ADOLFO VALENTIN C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS”, con las DIFERENCIAS RETROACTIVAS DEVENGADAS e INTERESES desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.
HABILITACION DE INSTANCIA
Que, mediante formal reclamo presentado ante la UDAI ……… – dependiente de ANSES- el día ………… mi mandante solicitó la actualización por movilidad de su beneficio de Pensión percibida bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional (RVP) invocando a tal fin los lineamientos esgrimidos por el Máximo Tribunal en los precedentes “DEPRATI ADRIAN FRANCISCO C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS” y “BADARO ADOLFO AGUSTIN C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS”.
Que, mediante Resolución ………….. de fecha ………… – recaída en las actuaciones N° ……………, el organismo desestimó dicho planteo.
Así las cosas y notificada la denegatoria el día 18/04/2019, vengo a solicitar se tenga por habilitada la instancia, atento haberse agotado la misma con su dictado.
SINOPSIS DEL CASO
El actor es titular de un seguro de renta vitalicia previsional obtenido bajo la vigencia de la ley 24241. Es menester destacar que según surge de la documentación adjunta, no se encuentra discutido que al actor le fue acordado el beneficio de pensión n° ……….. (opción renta vitalicia).
Sin embargo, como miles de beneficiarios más, no obstante, la unificación del Sistema Previsional Argentino, Ley 26425 (que garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional), mi mandante ha quedado excluido de la Ley de Movilidad Jubilatoria – Ley 26417.
Sin embargo, no hay duda de que todos los jubilados y pensionados que perciben RENTAS VITALICIAS previsionales deben gozar de las mismas prestaciones y beneficios, en razón de la unificación del Sistema – SIPA (así lo establecen los arts. 1 y 2 de la Ley 26.425).
En resumen, siendo que la propia accionada se subroga en los derechos de las AFJP y Compañías de Seguros de retiro Anexas, mal puede interpretarse que se consideren excluidos de la aplicación aquellos que provienen del Régimen Privado.
Esta discriminación inaudita, por lo tanto, constituye una clara lesión a la garantía de los Art. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional y lo dispuesto en los arts 1 y 2 de la Ley 26425.
ANALISIS NORMATIVO
Tal como se ha mencionado, el derogado Art. 100 de la Ley 24.241 preveia que los afiliados del Régimen de Capitalización Individual podían disponer del saldo de su CCI para acceder a sus prestaciones de acuerdo con las modalidades de Renta Vitalicia Previsional, Retiro Programado y Retiro Fraccionado.
Sin embargo, a partir de la sanción de la Ley 26.425, que elimina el régimen de capitalización para dar paso al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los beneficiarios de rentas vitalicias quedaron comprendidos en los alcances del Art. 5 de la misma, según el cual los beneficios del régimen de capitalización previstos en la Ley 24.241, que se liquidaban bajo la modalidad de RVP, continuaban abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro.
Ello ciertamente implico que todos estos beneficiarios quedaran al margen de la Seguridad Social en materia de haberes mínimos, movilidad y/o suplemento por zona austral.
Pues los ajustes periódicos que se aplican a las rentas por vía del reparto de las utilidades que producen las reservas matemáticas muchas veces son ínfimos y los rentistas ven como sus ingresos se van diluyendo por obra de la inflación, mientras que también comprueban que el resto de los beneficiarios del régimen público perciben una movilidad al menos razonable.
La exclusión injustificada planteada por el Art. 5 de la ley 26.425, produce ciertamente un perjuicio económico que fue advertido por el Máximo Tribunal en el precedente “DEPRATI ADRIAN FRANCISCO C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS” donde la CSJN hace referencia al funcionamiento del sistema de capitalización y a las diferentes regulaciones tendientes a sostener o incrementar el valor de las prestaciones a través del tiempo, entendiendo que correspondía examinar si el resultado de su aplicación satisfacía – o no – el contenido concreto de la garantía de la movilidad.
Para ello, comparo porcentualmente el incremento del valor inicial de la prestación del amparista Deprati (vigente desde el 02/2008) al mes de 08/2015 (87,86%) con los aumentos en el monto de las prestaciones percibidas por los jubilados del sistema público (495,40%), concluyendo que el actor había sufrido una perdida más que confiscatoria sobre su Retiro por Invalidez.
Así las cosas, que los beneficiarios que habían optado por percibir su J.O. bajo la modalidad de RVP hayan quedado excluidos de la garantía de movilidad consagrada en el Art. 14 bis de la CN, carece de justificación alguna máxime cuando el Art. 4 de la misma norma incluye a los titulares de retiros programados que también estaban alcanzados por el derogado Art. 100 de la Ley 24241.
Sentado ello, deviene a todas luces que la reforma al sistema previsional, tal como fue implementada, ha generado situaciones no previstas y el caso traído a conocimiento de V.S., es sin dudas una de ellas.
En este contexto, tuvo oportunidad de expedirse el Máximo Tribunal en autos “ETCHART, FERNANDO MARTIN C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS”, mediante sentencia de fecha 27/10/2015, a fin de reafirmar que el Estado es a quien le corresponde el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de las prestaciones, resultando ello de forma clara del texto del Art. 14 bis de la Constitución Nacional, toda vez que el constituyente determinó que “El Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá (…) jubilaciones y pensiones móviles…”
Como consecuencia del análisis allí efectuado, la Corte -en el considerando 17 del fallo – resuelve que el Estado debe garantizar la movilidad e integrar las sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes entre los montos percibidos por el actor y los que hubiera debido percibir si se hubieses aplicado el Decreto 279/08 y las diversas resoluciones dictadas por la ANSES en cumplimiento de la Ley 26.417.
Siguiendo el mismo orden de ideas de las plasmadas en el caso “ETCHART”, el tribunal ahondó aún mas al expedirse en el precedente “DEPRATI ADRIAN FRANCISCO C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS” (Sentencia de 04/02/2016) asignándole a la RVP naturaleza previsional y por ende le hace extensivas todas las garantías mediante las cuales la Constitución Nacional protege a todos los jubilados.
Así, la Corte reconoció el derecho a la movilidad a un titular de RVP tal como el Estado se la reconoce al resto de los beneficiarios del SIPA.
Entendió que la opción del amparista de cobrar su RTI bajo la modalidad de renta vitalicia previsional no podía colocarlo al margen de la garantía de movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional que tiene carácter irrenunciable.
Y al comparar los aumentos dados por la compañía aseguradora al actor Deprati desde el año 2008 hasta la fecha del dictado del fallo (87,86%) con los otorgados por las leyes dictadas a partir del caso “BADARO” al resto de los beneficiarios del sistema unificado (495,40%), quedo en evidencia una brecha notoria en perjuicio del jubilado, de magnitud confiscatoria.
Para el Máximo Tribunal, el desconocimiento de esa diferencia implicaría transformar la opción que la ley ofrecía en su Art. 100 de cobrar la prestación a través de una aseguradora privada, en una renuncia a la movilidad, supuesto que la Constitución Nacional mal puede tolerar.
La Corte enfatizó entonces que es al Estado a quien va dirigido el mandato constitucional de otorgar movilidad y que, además, es el responsable del diseño, regulación y control del sistema de capitalización que, en el caso, produjo resultados injustos.
Sobre esa base, condenó a la ANSES que, en cumplimiento de la garantía constitucional, pague las sumas necesarias hasta cubrir las diferencias entre lo abonado por la compañía de seguros y lo que hubiera cobrado el amparista de haberse aplicado los sucesivos aumentos otorgados al resto de los beneficiarios del SIPA.
Ciertamente con este fallo, la CSJN ha colocado en pie de igualdad al beneficiario que venía percibiendo su prestación bajo la modalidad de renta vitalicia respecto del resto de los pasivos comprendidos en el Art. 16 de nuestra Carta Magna, a fin de evitar situaciones de injusticia derivadas de consentir situaciones discriminatorias en relación al trato que se le otorga a los beneficiarios del SIPA respecto de aquellos que fueron forzosamente traspasados.
Por último, es dable recordar que la justicia social, llevada al ámbito previsional, se traduce en principios tales como “sustitutividad” e “indubio pro justicia social” que implican reconocer que el haber de jubilación es una prolongación de la remuneración después del cese en la actividad laboral, y que necesariamente debe respetarse la proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y actividad.
En virtud de lo expuesto, vengo a solicitar a V.S que -previa declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Art. 5 de la Ley 26.425- se ordene el ajuste por movilidad de la RVP que percibe mi mandante, de conformidad con los lineamientos esgrimidos por el Máximo Tribunal en el precedente comentado, dada la fuerza moral que sus fallos revisten para los tribunales inferiores.
A todo evento, vengo a invocar lo resuelto por el JFSS N° 4 en autos “MOYANO SERGIO GUSTAVO C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS” (Expte. 25646/16) mediante sentencia del 23/09/2019: “… concluyo que el beneficio de renta vitalicia previsional del Sr. Sergio Gustavo Moyano, derivado del ex régimen de capitalización individual, debe gozar de la garantía de movilidad de las jubilaciones y pensiones prevista en el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en tal orden de ideas, corresponderá que la parte demandada efectúe un cotejo mes a mes, entre las sumas efectivamente percibidas por el actor en concepto de renta vitalicia previsional y las que hubiera percibido por aplicación al haber inicial de dicha renta de los porcentajes previstos en el Decreto 279/2008 y las Resoluciones dictadas en cumplimiento de la ley 26.417, abonando las diferencias no prescriptas que surjan de dicho calculo”.
Asimismo, habiéndose denunciado que el beneficio de retiro por invalidez otorgado al actor, fue retroactivo al 12 de noviembre de 2002, (…) corresponde aplicarle también la movilidad del caso “BARADO Adolfo Valentín c/ANSES s/Reajustes Varios”.
INCONSTITUCIONALIDAD ART. 9 LEY 24.463 – TOPES MAXIMOS
Esta norma (t.o. s/Ley 25.239, art. 25) establece, en su inciso 3° que “Hasta tanto la Ley de Presupuesto cumpla con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 24.241, el monto del haber máximo del Régimen Previsional Público que regula la referida ley y correspondiente a las prestaciones que se otorguen después de la sanción de la presente no podrá superar los $3.100”. Dicho tope fue modificado e incrementado por sucesivas disposiciones.
Por su parte, el inciso 2° fija una escala de deducción para aquellas prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la Ley 24.241 que no tuvieren otro haber máximo menor.
A su vez, el Decreto 525/95, al reglamentar el citado art. 9 de la Ley 24.463, dispuso que “A las prestaciones que se otorguen después de la sanción de la ley que aquí se reglamenta y en virtud de las leyes anteriores a la Ley 24.241, que no tengan tope en la ley respectiva, se les aplicará el límite máximo que establece el apartado 3 del art. 9 de la Ley 24.463” (Art. 3)
Por tanto, solicito se declare la inconstitucionalidad del tope máximo establecido en el Art. 9, inc 3° de la Ley 24463 como así también la escala de reducción que dicho artículo prevé en su inc. 2°, en la medida que la aplicación de dicha normativa se traduzca en una merma superior al 15% sobre el haber previsional, ya que, en tal caso, revestiría carácter confiscatorio lesionándose así el derecho constitucional de propiedad que le asiste a esta parte (Conf. “ACTIS CAPORALE, LOREDANO A. C/REAJUSTES POR MOVILIDAD” – Sentencia 19/08/2009).
SE OPONE A LA APLICACIÓN DE LA RETENCION POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE EVENTUALES SUMAS RETROACTIVAS
Vengo desde ya a dejar expresa reserva sobre este punto invocando a tal fin el criterio sentado por las tres Salas de la Excma. Camara del Fuero en los autos “CASTAÑEIRA DARMA EMILIA C/ANSES S/EJECUCION PREVISIONAL” (Sala I – Sentencia del 11/10/2007), “DEBEU WIFREDO PEDRO MARTIR JOSE MARIA C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS” (Sala II – Expte. N° 48067/00) y “ALVAREZ LOPEZ ISABEL C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS” (Sala III – Expte N° 46685/06 – Sentencia de fecha 20/12/2013).
Que dicho criterio ha sido recientemente ratificado por el Máximo Tribunal en autos “GARCIA MARIA ISABEL c/AFIP S/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, mediante pronunciamiento del 26/03/2019.
Sentado ello, se solicita que -llegado el momento procesal oportuno – VS se expida sobre la improcedencia de la retención aludida a tenor de la naturaleza de las sumas resultantes de un eventual pronunciamiento favorable a esta parte.
INTERESES
Solicito a VS que las eventuales sumas que puedan ser reconocidas en concepto de retroactivo devengado sean calculadas, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, conforme la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, según el criterio sentado por la CSJN en autos “SPITALE JOSEFA ELIDA C/ANSES S/IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA” (Fallos 327:2731 – Sentencia del 14/09/2004).
IMPOSICION DE LAS COSTAS A LA DEMANDANDA
Si la Administracion Nacional actúa en este procedo como demandada, (conf. Art. 15 Ley 24.463), esta asumiendo la calidad procesal de parte y por ende la posibilidad de ser condenada en costas. En tal sentido, no se advierte motivo válido alguno que justifique dispensarla de la aplicación del principio general en materia de costas previsto en el Art. 68 del CPCCN.
Sentado ello, vengo a solicitar que, previa declaración de inconstitucionalidad del Art. 21 de la Ley 24463 por ser violatorio de los Art. 14,16 y 17 de la CN, se fijen las costas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 68 del Código de Rito.
OFRECE PRUEBA
Que vengo a ofrecer la siguiente prueba:
Documental:
– Fotocopia DNI del actor
– Copia de solicitud de RVP fechada ………….
– Computo manual obrante en el Expediente ……………….
– Reclamo Administrativo presentado ante la ANSES el día …………….
– Resolución denegatoria ………….de fecha ……………, notificada el día …………..
– Recibo de haberes correspondiente al mensual …………….
Instrumental
Solo para el caso que VS lo estime necesario, se libre oficio al ANSeS para que acompañe a estos actuados el Expte. de pensión ……………. y las actuaciones …………… en las cuales se ha dictado la resolución que aquí se impugna.
Se libre oficio a Consolidar Cía de Retiros a fin de que adjunte copia certificada de la Póliza de RVP suscripta e informe los montos liquidados desde su puesta al pago con la correspondiente rentabilidad bruta mensual.
Pericial Contable:
Para el caso que VS lo estime necesario y en el momento procesal oportuno, se designe perito contador único de oficio a fin de que determine el haber inicial y practique las liquidaciones necesarias para determinar el nuevo haber reajustado con mas las sumas retroactivas devengadas en concepto de capital e intereses.
DERECHO
Fundo el derecho que le asiste a mi mandante en los Arts. 14, 14 bis, 16, 17, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Doctrina y Jurisprudencia aplicables al caso planteado.
RESERVA DEL CASO FEDERAL
Para el improbable caso que VS no hiciera lugar a la presente demanda dejo desde ya planteado el Caso Federal para ocurrir por la vía del Recurso Extraordinario previsto en la Ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto tal hipotética resolución violaría derechos de rango constitucional.
TASA DE JUSTICIA
Las presentes actuaciones se encuentran exentas del pago de la Tasa de Justicia, por estar expresamente previsto así en el Art. 13, inc “f” de la ley 23.898.
PETITORIO
Por todo lo expuesto, solicito a VS:
1) Se me tenga por presentada en el carácter invocado, por parte y por constituido el domicilio legal electrónico indicado:
2) Se tenga por interpuesta la presente demanda, en legal tiempo y forma, contra la ANSeS por impugnación de la resolución denegatoria recaída en las actuaciones ………………….
3) Se agregue la prueba documental acompañada y se tenga por ofrecida la restante.
4) Finalmente se dicte sentencia declarando la nulidad de la resolución impugnada y en consecuencia se le reconozca a mi mandante la garantía de movilidad prevista en el Art. 14 bis de la Carta Maga respecto de su Renta Vitalicia Previsional, con más las diferencias retroactivas devengadas, INTERESES y expresa imposición de COSTAS;
5) Se tenga presente la reserva del caso federal.
Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA