Amparo por negativa a extender Licencia de Conducir por Multas de Tránsito.

PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO – SOLICITA URGENTE DICTADO DE MEDIDA CAUTELAR – ACOMPAÑA DOCUMENTAL – OFRECE PRUEBA – AUTORIZA.

Sr. Juez Federal:

*****************, DNI. ************, por derecho propio, con domicilio real en la calle *****************, ****************, Pdo. Gral. San Martín, Pcia de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de la Dra. ******************, abogada, inscripta en la matrícula al T° *****F° ****** del C.A.S.M., DNI **********, constituyendo Domicilio ************, a V.S. respetuosamente digo:

II.OBJETO:

Que vengo por medio de la presente a promover formal acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, artículos concordantes de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina) y de la Ley 16.986, contra la Municipalidad de San Martín, con domicilio en la Calle 52 (Belgrano) N° 3747, de la localidad de San Martín Pcia. de Buenos Aires, a fin de que proceda a la expedición de la renovación de la licencia de conducir, atento que me resulta imprescindible obtenerla para ejercer mi actividad laboral licita, como vendedor y distribuidor de bolsas con normalidad, en su calidad de encargada de administrar y gobernar el municipio de San Martín.

El fundamento de este petitorio esta dado en la negativa de la demandada para la renovación de la licencia de conducir, todo ello, a tenor de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que expondré:

Asimismo, solicito a V.S. proceda al dictado de medida cautelar que ordene de inmediato la renovación de la referida licencia, en defensa de mis derechos Constitucionales vulnerados.

III.HECHOS:

Siendo que me desempeño como vendedor y distribuidor de bolsas, a nivel provincial, utilizo mi vehículo para el reparto, resultando imprescindible contar por ello, con la licencia de conducir.

Que siendo que mi licencia tiene fecha de vencimiento el día 14/06/2016, el día 16/05/2016 concurrí al Municipio para proceder a iniciar los trámites de renovación, pero me vi impedido de ello, ante la negativa del personal de la demandada, quien justifico dicha acción, por ser supuestamente deudor de infracciones de tránsito.

Dicha negativa resulta ser arbitraria e inconstitucional, ya que me priva de mi fuente de trabajo; tomando en consideración que la Municipalidad cuenta con otras vías para percibir la supuesta deuda, constituyendo la modalidad escogida una pretensión recaudatoria encubierta, en contraposición a mis derechos consagrados constitucionalmente.

Que frente a dicha negativa, con fecha 17/05/2016 presente una nota por escrito ante la municipalidad en la cual le asignaron Nº de expediente 4051-9829-S-2016- 0, donde manifesté que era inconstitucional la negativa dada, por restringir mis derechos a circular y a trabajar, mediante la existencia de un requisito para la expedición del carnet de conducir, que disponga la libre deuda de multas pendientes.

Que si bien uno de los requisitos para acceder a la licencia de conducir en están enumerados en el Anexo II del decreto provincial 532/2009, estableciendo en artículo 10 inciso 3º la obligación de «tener libre deuda de infracciones de tránsito», fue declarado en distintas oportunidades inconstitucional por varios motivos: 1) Porque el Poder Ejecutivo no tiene competencia para establecer penas por vía de un decreto. 2) no corresponde la exigencia del «libre deuda» con finalidad recaudatoria y de seguridad vial, ya que en el primer caso, resulta irrazonable utilizar una excusa monetaria para vulnerar un derecho reconocido en la Constitución y en el segundo caso se estaría juzgando irrazonablemente las aptitudes del conductor.

La limitación o restricción al ejercicio de mis derechos fundamentales, como lo son la libertad de trabajo y la propiedad, importaría mi ruina, por cuanto se me estaría vedando la posibilidad de obtener ingresos por mi actividad, lo que me conllevaría a la imposibilidad posterior de hacer frente a las deudas que se reclaman»

Conforme el fallo «DEL CAMPO, RICARDO c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL MADARIAGA S/ AMPARO (Cám. Cont. Adm. – Mar del Plata)…. El requisito (libre deuda) no guarda adecuada relación con el valor seguridad vial que enarbola (porque) el cumplimiento con el pago de las multas por las infracciones cometidas por quien ha obrado con imprudencia en la conducción de un vehículo, no lo torna por sí solo en un juicioso hábil conductor y, mucho menos, garantiza un incremento en la seguridad vial»…

A ese razonamiento, los magistrados agregaron un argumento. «Cabe destacar que existen acciones judiciales que puede entablar el Estado para obtener el cobro de las multas correspondientes a las infracciones de tránsito. De la misma forma, el propio Estado a través de sus organismos y realizando una tarea de prevención, puede recurrir a distintos mecanismos tendientes a lograr la concientización de los conductores», agregaron. En otras palabras, dijeron que para cobrar una multa se debe utilizar la vía legal, conocida como «apremio», y que el Estado tiene otras formas más efectivas de promover la seguridad vial.

Asimismo en CARPI JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL VIAMONTE S/ AMPARO el jUEZ DICTAMINÓ ….»la norma municipal que establece el requisito del pago previo de las multas por infracciones de tránsito a la extensión, renovación o ampliación de la licencia de conducir ha sido dictada excediendo el marco de las facultades que el plexo normativo provincial otorgan a los municipios….»

Tómese en consideración el principio constitucional pro homine por el cual, ante diversas vías legales a las que el Estado pueda echar mano en una situación de resolución de conflicto, debe optar por la que acuerde mayores derechos al ciudadano. Desde tal perspectiva, para hacerse de las sumas debidas en concepto de multas de tránsito firmes y consentidas, es el juicio de apremio el medio más adecuado para ello y no la obstaculización del trámite de renovación de la licencia de conducir, con lo que sacrifica los derechos constitucionales de transitar libremente y trabajar.

Es por ello, que tomando en consideración que al día de la fecha no he obtenido respuesta alguna, entendiendo como dilatoria y negativa por parte de la Municipalidad a cumplir con sus obligaciones no me queda otra alternativa que iniciar la presente accion de amparo en procura a la protección de mis derechos constitucionales de transitar libremente y trabajar.-

IV. FUNDAMENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN –REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

Conforme el relato de hechos ut supra efectuado existe por parte de la MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN una actitud tendiente a demorar injustificadamente el otorgamiento de la renovación de la licencia de conducir. Ello así, en virtud de que se tiene por probado que existe un retardo excesivo para la contestación a mi reclamo.-

Que el silencio de la demandada resulta arbitrario, ilegal e irrazonable; ocasionándome la imposibilidad de que a partir del 16/06/2016 pueda transitar libremente ejerciendo con plenitud mi derecho de trabajar.-

En el caso que nos ocupa se dan la totalidad de los requisitos que la Ley 16.986 y el texto constitucional del artículo 43 imponen como requisito de viabilidad, a saber:

1.- Omisión continúa, categórica y reiterada que lesiona en forma actual e inminente mis derechos constitucionales a transitar y trabajar libremente.-

2.- Arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de las medidas impartidas por la demandada, ya que no he obtenido respuestas ante mis insistentes reclamos.

3.- No existe otro medio judicial más idóneo para salvaguardar mi derecho, atento que se han agotado todas las vías correspondientes.-

V- SOLICITA URGENTE DICTADO DE MEDIDA CAUTELAR:

Solicito a VS. ordene a la demandada me permita iniciar el trámite de renovación de licencia de conducir y permita mi continuidad hasta culminarlo, sin perjuicio de la supuesta deuda que registre a favor del fisco.

* Verosimilitud del Derecho:

“La Verosimilitud del Derecho, como presupuesto que condiciona la admisibilidad de una medida precautoria, apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva y sería que descarte una pretensión manifiestamente infundada o temeraria o muy cuestionable. Esa posibilidad no equivale a la certeza en la existencia del derecho, que solo se logrará al agotarse el trámite con el dictado de la sentencia. (CN. Civ., Sala C, LL 1986- B- 48).

Respecto de este requisito la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino que atender aquello que no exceda del marco de lo hipotético;

«No se puede soslayar que la verosimilitud del derecho, que es requisito esencial para la admisibilidad de una medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que ese derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr.esta Sala causas nº 162/02 del 12-3-02; 2170/02 del 20-6-02, 10.287/02 del 17-12-02, entre otras).

En esa inteligencia, se ha señalado que, teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas cautelares, no es exigible a los magistrados un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, oponiéndose el juicio de verdad en esta materia a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad. Cámara nacional de Apelaciones en lo Civ. y Com. Federal ALM c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Amparo. 21-12-2010″

*Peligro en la demora:

El peligro en la demora se configura en la cautela en cuestión cuando, de no decretarse la misma, y no modificando así los hechos que dan lugar a esta presentación, pudiere ello influir en la sentencia o convertir su ejecución en ineficaz o imposible.

La medida peticionada tiende solo a facilitar la renovación del permiso para conducir, sin que se impida en modo alguno la percepción de las deudas que el municipio demandado le pudiere reclamar al peticionante.

Tómese en consideración que el vencimiento del registro se efectuara el día 14/06/2016, y que en caso de no obtener la renovación provocaría un agravio patrimonial a mi persona y mi familia que dependen de mi trabajo para subsistir.-

Las circunstancias expuestas ameritan la toma de la medida que solicito ya que resulta imprescindible debido encontrarse en juego mi subsistencia económica y la de mi familia.-

V.-GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS

El artículo 14 de la Constitución Nacional textualmente reza: “ Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino….»

El art. 14 bis dice «:… El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor…»

De la simple lectura del artículo transcripto, surge el espíritu tutelar del Constituyente de 1994 en el sentido de dotar al trabajador de una protección especial que sostenga de manera efectiva la vigencia de sus derechos.

Entre tales derechos se incluye, sin lugar a dudas, la protección de sus intereses económicos y contra toda forma de discriminación; asimismo, subsiste la vigencia de la pirámide jurídica que determina la superioridad de un rango de normativa por sobre otra.

De la conducta descripta, deviene la violación del derecho constitucional que defiende los derechos económicos del trabajador.-

“El artículo 43 de la Constitución reformada no sólo confirió al amparo el carácter de derecho constitucional expreso, razón por la cual prevalece respecto de cualquier limitación o restricción contenida no sólo en leyes nacionales o provinciales, sino que también, por un lado, extendió su ámbito de admisibilidad a actos y omisiones provenientes de particulares y, por otro lado, amplió el tipo de derechos susceptibles de tutela a través de ese remedio, que no se circunscriben ahora a los reconocidos por la Constitución, sino que también comprenden a los que se encuentran reconocidos por un tratado o una ley.” (Corte Suprema de Justicia, Pcia. De Santa Fe, Bacchetta, Marcelo c/Municipalidad de Reconquista s/amparo)

VI.- PROCEDENCIA DE ESTE REMEDIO:

El artículo 43 de la Constitución Nacional expresa: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.”

VI.- 1) Arbitrariedad manifiesta:

La exigencia de arbitrariedad manifiesta implica que ella surja de manera inmediata, evidente y sin necesidad de investigación, pues la nota fundamental del Instituto del Amparo no está dada por la inexistencia de discusión, sino por la «indiscutibilidad» de la pretensión.

Así, se ha dicho que: “Una de las caracterizaciones definitorias del instituto del amparo, en orden a la procedencia de la pretensión, es la manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad del acto u omisión de que se trate. La calificación de manifiesta implica que los vicios “deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial”, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta, podría decirse en forma física, visible, ostensible y notoria.” (Corte Suprema de Justicia, Pcia. de Santa Fe, Expte. 227/95: Bacchetta, Marcelo c/Municipalidad de Reconquista s/recurso de amparo).-

Y que: “La razón de ser de la institución del amparo no es la de someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos, que puedan lesionar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación C7XXXII 1998 05 07 Publicación: T. 321, P.).-

En el caso que se ventila, la arbitrariedad resulta prístina en primer término, con la negativa como toda consigna por parte de la demandada en otorgar la renovación de la licencia de conducir, en segundo lugar, con el silencio de la Municipalidad ante la nota cursada, todo lo cual se acredita con la documentación adjunta.-

VI.-2) Agotamiento de la Vía Administrativa:

Atento que se ha intentado mediante acción ejercida por esta parte para obtener una respuesta, véase, al respecto, reclamo mediante nota, que no ha sido adecuadamente atendido.

De todas maneras, se ha dicho que: “La existencia de vías administrativas no constituye actualmente una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo frente al texto del artículo 43 de la Constitución Nacional.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III; Nieve Honda S.A. c/SENASA s/amparo ley 16.986)

Y es más, la procedencia de este recurso y su viabilidad se ha visto allanada por recientes y copiosos fallos que lo exoneran de requisitos que en definitiva lo desnaturalizan como herramienta sumaria: “Corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta y disponer con carácter de medida autosatisfactiva…..toda vez que el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos no necesitan justificación alguna y su restricción debe ser fundada”

Y que “La acción de amparo como procedimiento o vía de tutela esencial juega como alternativa principal y no subsidiaria, de manera directamente operativa para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales…”

De lo expuesto entonces, surge que tal como resolviera la Cámara de Apelaciones en lo Civil del Departamento Judicial de Quilmes en un reciente fallo: “…no se requiere el agotamiento de instancia administrativa alguna para perseguir la tutela de cualquier derecho esencial presuntamente infringido mediante la prestación de un servicio público; habida cuenta que la naturaleza sumarísima de la acción instaurada, se presenta como el remedio procesal idóneo para lograr el restablecimiento inmediato de los derechos conculcados por el obrar de los prestadores de servicios públicos (arts.53 ley 24.240, cfr. Farina: “Defensa del Consumidor y Usuario”, pag.229 y sgtes., Ed Astrea 1995, reg.21/2001, sentencia 2-3-01).

VII.- MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA.

Atento a la naturaleza de la acción solicitada, toda vez que la presente acción requiere materia de debate, toda vez que V.S. posee las facultades autorizadas por el artículo 17 de la ley 16.986, donde se prevé que los jueces están habilitados, en ejercicio del poder de tutela general de índole cautelar, para disponer cualquier otra medida que resulte compatible con las peculiaridades esenciales del amparo y toda vez que los suscriptos consideran que concurren en autos los requisitos propios de este remedio, esto es, verosimilitud del derecho y perjuicio actual, fundado en los hechos expuestos “ut supra”, vengo a solicitar de V.S. ordene urgente medida cautelar innovativa, consistente en la renovación de la licencia de conducir.-

Así, la justicia ordinaria de la Provincia de Neuquén, en un reciente fallo ha dicho que: “A los fines de evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, cabe exigir como presupuestos insoslayables la configuración de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora (perjuicio actual o inminente) y de consecuencias irreparables o de difícil reparación. Todos los cuales encuentro prima facie acreditados en autos, toda vez que existe una fuerte apariencia de que se estarían afectando derechos económicos de los pasajeros de vuelos de cabotaje e internacionales que utilizan los aeropuertos provinciales mencionados”.

Y que: “En un proceso de amparo, hay ocasiones en que por la naturaleza de juicio y la entidad de los derechos que se denuncian violados (arts.14,17 y 18 de la Constitución Nacional), resulta conveniente apreciar la medida de no innovar con criterio amplio para permitir la adecuada tutela de las pretensiones articuladas y evitar la eventual iniquidad del futuro pronunciamiento que de término al litigio”.

Fallo: Expediente “DE.U.CO. DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES ASOCIACION CIVIL C/ PROVINCIA DE NEUQUEN Y AEROPUERTOS DEL NEUQUEN S.A. S/ ACCION DE AMPARO”, del 02 de Noviembre de 2001.

VIII.- COMPENTENCIA:

Vs. resulta competente para entender la presente causa conforme lo determina el art. 1º Ley 2961, Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo.-

VIII PRUEBA:

Se acompaña como prueba Documental:

1) Facturación correspondiente a clientes donde se concurre asiduamente.-

2) Nota presentada ante la municipalidad de fecha 17/05/2016.-

3) Copia de DNI.-

4) Copia del registro de conducir.-

IX. PETITORIO:

Por todo lo expuesto, de V.S. solicito:

1) Se nos tenga por presentado, parte y constituido el domicilio legal indicado, a tenor de la documentación adjunta y por acreditada la personería indicada;

2) Por presentada la acción en los términos y alcances de la normativa indicada;

3) Se haga lugar a la medida de cautelar innovativa solicitada;

4) Se haga lugar a la presente acción, con costas.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA