INICIA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Señor Juez:

xxxxxxx, D.N.I. xxxx, con domicilio real en xxxxx de la ciudad de xxxx, Pcia. xxxxx, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr.; constituyendo domicilio procesal a todo efecto en calle xxxxx de esta ciudad, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.- OBJETO:

Que, en legal tiempo y forma, vengo a interponer la presente demanda por daños y perjuicios contra xxxxxxxxxx., C.U.I.T. xxxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxx de la localidad de xxxx, por resultar propietario y/o civilmente responsable del mencionado automotor, y a xxxxxxxxxxx, DNI Nº xxxxxxxxxxx, con domicilio laboral en xxxxxxxxx de la localidad de xxxxxxxxx, Provincia de xxxxxxxxxx; en su carácter de conductor del vehículo marca xxxx, dominio xxxxxx, interno xxxxxxx a la fecha del siniestro, ocurrido el xxxxxxxxxxxx, por la que reclamo PESOS xxxxxxxxxxx ($ xxxxx.-), o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a rendir y/o determine el elevado y prudente criterio de V.S., con más sus intereses y las costas del proceso. Todo ello, con fundamento en las cuestiones de hecho y de derecho que pasaré a exponer.

II.- CITACIÓN EN GARANTÍA:

Se cite en garantía a la xxxxx, con domicilio en la calle xxxxxx, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien se dará traslado de la demanda, por hacerse extensiva la presente acción en los términos del artículo 118 de la ley 17.418 y bajo apercibimiento de ley.

Se hace constar que al momento de ocurrir el accidente que origina el inicio de estas actuaciones el vehículo de la parte demandada marca xxxxxxxxxx, dominio xxxxxxxx, interno xxxxxx, se encontraba asegurado y tenía cubierto el riesgo por responsabilidad civil, siendo asegurado bajo Póliza Nº xxxxxxxx. La cobertura resulta explícitamente de las constancias de la causa penal. Para el caso en que se desconociera la cobertura del riesgo de autos y/o el alcance ilimitado de la responsabilidad con relación al monto resultante de estos autos, solicito que se designe perito contador único de oficio para que previo estudio de los libros de la aseguradora se expida acerca de la vigencia y alcance de la cobertura.

III.- COMPETENCIA:

Que V.S. resulta competente para entender en estos autos en razón de reclamarse los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito acaecido en el ámbito de la ciudad de xxxxxxx, Pcia. de xxxxxxx; ello es así, toda vez que conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 118 de la ley 17.418 la demanda puede ser interpuesta ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del asegurador.

IV.- HECHOS:

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V.- RESPONSABILIDAD:

Responsabilidad significa calidad o condición de responsable y la obligación de reparar y satisfacer, por si o por otro, toda pérdida, daño o perjuicio que injustamente se hubiere ocasionado.

En otras palabras, la responsabilidad civil es la obligación de reparar todo daño causado a otro sin causa de justificación. Calvo Costa (Derecho de las obligaciones. Derecho de daños, t.2, Ed. Hammurabi, pág. 28 y sgtes.) explica que en realidad, más que el daño injustamente ocasionado por el ofensor resulta más relevante el daño injustamente sufrido por la víctima. De este modo, mediante un factor de atribución se habilita el traspaso de los detrimentos sufridos por la víctima hacia el patrimonio de la persona sindicada como responsable mediante la mencionada imputación legal.

Esta definición deja traslucir que el fundamento de la responsabilidad civil ha variado su eje; ya no se basa en el acto ilícito, sino más bien en el daño de aquel sujeto que lo soporta. Por otro lado, se advierte que es una herramienta que permite efectuar una imputación patrimonial, adquiriendo la función de distribuir las consecuencias dañosas del hecho dañoso, trasladando el peso económico, cargando las consecuencias sobre el dañador.

Dicho esto, y a los fines de encuadrar jurídicamente la cuestión, cabe señalar que el artículo 1769 del Código Civil y Comercial de la Nación predica que a los daños causados por la circulación de vehículos se aplican los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas. La referencia es a los arts. 1757 y 1758. La primera de estas dos últimas normas prescribe que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Se recepta legalmente la doctrina y jurisprudencia dominantes, respetándose los criterios elaborados durante la vigencia del anterior cuerpo normativo acerca del riesgo creado.

En relación con el caso que motiva la presente litis, puede incluso mencionarse un precedente plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el que se indicó que tratándose de una colisión plural de automotores en movimiento, la responsabilidad emergente del dueño o guardián debía encuadrarse en el segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, y no bajo la órbita del artículo 1109 de aquel cuerpo normativo (CNCiv., en pleno, 10/11/1994, “Valdez c/ El Puente S.A.T. y otros”). Esto se debe a que el automotor en circulación debe reputarse cosa riesgosa, o peligrosa, por la potencialidad de producir daños que lleva en sí misma en las circunstancias de su desplazamiento. Así lo ha entendido la jurisprudencia, postulando que el automotor es cosa generadora de riesgo, a los efectos del artículo 1113 (o bien, podría encuadrarse en el actual 1757 del CCCN), porque al andar expande la posibilidad de peligro. Por su naturaleza, si está en movimiento puede dañar. No produce seguridad por donde pasa sino la posibilidad cierta de peligro a raíz de las eventualidades que su marcha presenta (CNCiv, Sala H, 29/12/1999, Marín, María C. c/ Brown, Alicia N. s/ Daños y perjuicios).

Por su parte, del artículo 1757 también emerge que el factor de atribución de responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito es objetiva, no siendo eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Ello implica que la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad, debiendo el sindicado responsable acreditar la causa ajena para liberarse, excepto disposición legal en contrario (art. 1722 del CCCN). En consecuencia, resulta indiferente la culpa del agente, toda vez que se prescinde de ella y la obligación de reparar se efectúa con abstracción de la imputación subjetiva (Galdós, Jorge Mario, en comentario al artículo 1722 del CCCN en Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, t. VIII, ed. Rubinzal Culzoni, pág. 389).

En suma, los daños causados por la circulación de vehículos pone en juego las presunciones de causalidad, responsabilizándose al dueño o guardián por los daños ocasionados con fundamento objetivo en el riesgo. Por aplicación de dicha doctrina, al actor le basta probar el contacto de su automotor con el de la parte demandada, pues dado el factor objetivo de atribución no necesita probar la culpa del otro partícipe en la colisión (CNCiv, Sala H, 23/09/2003, Parodi de Díaz, Norma L. c/ Junquera, Miguel A. y otros s/ Daños y perjuicios).

A continuación V.S. se detallarán los fundamentos en virtud de los cuales esta parte achaca responsabilidad a cada uno de los accionados.

a.- Responsabilidad de xxxxxxxxxxxxx, conductor del rodado:

Se imputa responsabilidad al codemandado xxxxxxxxxxx en los términos de los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación. Así lo entiende la mayor parte de la jurisprudencia y la doctrina, al señalar que la responsabilidad objetiva se extiende al conductor del vehículo y al dependiente.

Se juzga al conductor del rodado embistente a mérito del riesgo por él originado al introducir una cosa riesgosa en el medio social, creando así un riesgo con su uso y la circulación del rodado.

En sintonía con ello, aunque con diferente argumento, Pizarro apunta que la responsabilidad del conductor queda alcanzada por el riesgo de la actividad y sujeta al parámetro objetivo de atribución. Y que, cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan, los accidentes de automotores caen bajo la órbita de los mencionados artículos. El destacado jurista señala que ello también surge de lo establecido por el artículo 1769 del CCCN (Pizarro, Ramón D., “Responsabilidad civil por actividades riesgosas o peligrosas en el nuevo Código”, La Ley, 12/08/2015)

Sin perjuicio del carácter objetivo del factor de atribución en cuestión, en el caso del conductor no debe omitirse la incidencia causal que en la producción del daño tiene la inobservancia de las reglamentaciones de tránsito (Galdós, Jorge Mario, “El riesgo creado y el conductor del automóvil”, JA, 1996-IV, 983). En efecto, esta situación se configura en la mayoría de los casos, y el que motiva el inicio de las presentes actuaciones no es ajeno a ello. Prácticamente en la totalidad de las situaciones se encuentra una hendija que habilita, aunque más no sea, un reproche subjetivo.

En función de ello, en la especie también debe cuestionarse la conducta desplegada por xxxxxxxxxxxxxxx por haber obrado con imprudencia, negligencia o impericia, omitiendo las diligencias que las circunstancias de tiempo y lugar le imponían (conf. art. 1724 CCCN).

Advierta V.S. que el demandado actuó en flagrante violación a diversos lineamientos emergentes de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Primeramente, debo resaltar que en la vía pública, está prohibido circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida (conf. art. 48, inc. h).

Además, no debe soslayarse que la circulación en sentido inverso, justificada o no, crea un grave riesgo para la seguridad de los demás, que exige del conductor la adopción de medidas especiales, como podría ser la colaboración de un tercero, atento que la visión que permiten los espejos retrovisores resulta limitada, porque sólo se ven los costados traseros del vehículo -en la especie un micro de pasajeros- pero no la parte de atrás (C. Crim. y Corr. Morón, Sala 2º, 25/04/1996, Burgos, Mario R.).

Ahora bien, por los riesgos que engendra, la citada maniobra debe realizarse únicamente cuando se tiene la certeza de que detrás se encuentra el paso totalmente libre, de manera de no interferir con la circulación del resto de los rodados, y que por lo tanto el deber de prudencia se acrecienta debiendo efectuarse con el máximo de precaución y seguridad (CNCiv, Sala K, 9/10/1996, Arquitecta Josefina Espósito, Arq. Jorge SRL c/ Schafer, Esteban s/ daños y perjuicios). Si para llevarla a cabo, no se tiene el ángulo de visibilidad común, ya sea por las características del rodado, por la posición del conductor, por la visión a través de los espejos retrovisores, etc., lograrlo está a cargo del conductor y no puede transitarse desatendiendo aquello que ha quedado fuera de su visión (CNCiv, Sala F, 31/03/1998, Lanzón, Angel J. c/ Proios, Eleuterio y otro s/ Daños y perjuicios).

En resumidas cuentas, la peligrosidad de la maniobra emprendida le imponía al demandado extremar las precauciones, pues debió adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar los daños negligentemente causados en mi rodado. Definitivamente, además de infringir la mencionada prohibición, el encartado hizo caso omiso al principio general contenido en el artículo 39, inc. b, que estipula que en la vía pública, los conductores deben circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

b.- Responsabilidad de xxxxxxxxxxxxxxx., titular registral del vehículo MERCEDEZ BENZ Dominio xxxxxxxx:

El demandado debe responder en los términos de los artículos 1757 y 1758 del CCCN por ser el titular registral del rodado ….

Ello es así, en virtud de los argumentos indicados en el punto anterior, y porque expresamente dispone el art. 1758 que “el dueño o guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por si o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.

En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por si o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial”.

En definitiva, esta parte pretende que la demanda tenga favorable acogida, condenándose a los accionados en forma concurrente a afrontar la reparación de los detrimentos patrimoniales y no patrimoniales causalmente relacionados con el hecho dañoso, los cuales se detallan a continuación y serán acreditados en la etapa procesal oportuna a través de los múltiples medios probatorios solicitados infra.

VI.- DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS:

De acuerdo a la carga que impone el art. 330 in fine del CPCCN, señalo a V.S. que conforme a la naturaleza de los daños producidos, efectúo una estimación de los montos indemnizatorios reclamados, los que quedarán supeditados a lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más los intereses desde que cada rubro es debido y hasta la fecha del efectivo pago.

Es del caso destacar, que de acuerdo a lo establecido en el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, la reparación debe ser plena: “La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable”.

VI. a.- REPARACIÓN DEL RODADO:

Comprobado el carácter de propietario del automotor, para reclamar daños y perjuicios no se necesita la inscripción dominial. Resulta absolutamente indiscutible la legitimación del actor sea como propietario, usuario, poseedor, etc., para pedir la reparación del daño (C. Civ. y Com. Morón, Sala 2ª, 03/04/1985, León de la Barra, Federico c/Tabaconte, Carlos y otro; JA, 1985-III, 247), extremo que es probado con la documentación pertinente y que será corroborado con el informe del Registro de la Propiedad Automotor.

Los tribunales han establecido presunciones de causalidad que permiten, a partir de la prueba del daño, concluir en que es fruto del accidente, si éste aparece como idóneo para haberlo causado y salvo prueba en contrario. De igual modo, se introducen presunciones de adecuación entre los importes consignados en presupuestos o facturas y los valores en plaza, inferencia que debe ser enervada por la demostración adversa a cargo del demandado.

En cuanto a la extensión del resarcimiento por este rubro, es claro que el damnificado tiene derecho a obtener los fondos necesarios para restablecer su rodado a su estado anterior, por lo que debe apuntarse a la reparación integral.

Jurisprudencialmente se ha decidido que la circunstancia de que al reparar cosas usadas sustituyendo piezas nuevas por viejas, ocurra que el valor de la reparación exceda al porcentaje que en el total de la unidad corresponda asignarle a la sección reparada, no empero a que así se disponga en cuanto no exceda al valor total de la cosa, supuesto en que la indemnización halla límite en la suma suficiente para adquirir otra de similar estado y calidad. Es que el principio que rige la materia es el de la reparación integral, ya que no es demasiado exigir del autor del daño que soporte algunos sacrificios pecuniarios para indemnizar enteramente aquello que ha hecho sufrir por su poca prudencia o su desatención (C. Civ. y Com. San Nicolás, 22/04/1997, Zulli, Claudio Lucio y otra c/Ceballos, Guillermo Héctor y otros s/Daños y perjuicios; Lexis BA B854817).

También, que la víctima tiene derecho a elegir con prudencia el sitio donde realizará las reparaciones, no pudiendo privársele de la opción por el que considere técnicamente más idóneo, debiendo la elección ser razonable para evitar una indebida agravación del daño, por importar un exceso (CNCiv., Sala L, 15/10/1994, Castellano, Miguel A. c/Botta, Darío O. y otro; JA, 1997-IV, síntesis).

Como se narrará más arriba, y se acredita con los presupuestos que al efecto se adjuntan, la reparación de los daños que el siniestro le causó al vehículo de mi propiedad (la colisión produjo que deban cambiarse puerta y guardabarros trasero izquierdo y reparación puerta delantera izquierda, y la correspondiente pintura), asciende a la suma de PESOS xxxxxxxxxxxxxxxxx ($ xxxxxxxx.-).

VI b. PRIVACIÓN DE USO:

La privación de uso del vehículo constituye un daño emergente que debe mensurarse a través del costo del empleo de medios de traslación que reemplacen la función del vehículo siniestrado. En ese sentido, cabe señalar que en general, se considera que la sola privación del uso de un rodado comporta “per se” un daño indemnizable (Zavala de González, Matilde, Daños a los automotores, T. I., Ed. Hammurabi, págs. 119 y 127, y jurisprudencia allí citada).

En efecto, es razonable que ante el impedimento de uso del rodado en razón del accidente sufrido, el damnificado no se vea limitado en el ejercicio de sus actividades cotidianas. Vale decir que resulta justo que el dinero desembolsado en el uso de transportes sustitutos debe serle reintegrado.

Ocurrido un hecho que daña al automotor y determina su indisponibilidad temporaria, nace desde ya la obligación de compensar la privación de uso, sea como daño actual, cuando la refacción se ha efectuado o el auto ha quedado detenido; o bien, como daño futuro, cuando la unidad ha podido ser utilizada, pero es necesario enviarla al taller (Zavala de González, op. cit., pág. 98).

La jurisprudencia lo ha determinado, señalando que el perjuicio derivado de la privación de uso del rodado se presume con la sola acreditación de su indisponibilidad durante un determinado lapso (CNCiv., Sala A, 02/08/1999, Bairardi, Pedro D. y otro c/Gómez Quiroga, Juan M. y otros s/Daños y perjuicios).

En este estado de cosas, cabe resaltar que la reparación del vehículo demora aproximadamente entre 10 y 15 días; por ende, y en atención a las circunstancias que reflejan la intensidad de la utilización que se daba al vehículo antes del accidente (práctica de deportes, esparcimientos, etc.), multiplicando el gasto diario aproximado por la cantidad de días que demandará el arreglo, reclamo por este ítem lo que V.S. considere justo y equitativo de las probanzas de autos.

VI. c. DESVALORIZACIÓN DEL RODADO:

Existen supuestos en los que la refacción del rodado no logra o es dable estimar que no alcanzará a devolverlo a su situación original. Este margen de imposibilidad supone, por ende, una cuota remanente negativa entre el valor originario de la cosa y el que tiene o tendrá luego de los arreglos, y es el punto de partida para la configuración de la llamada desvalorización del rodado.

En esa inteligencia, resultará relevante el resultado del peritaje técnico, para que a partir de él V.S. cuente con los elementos necesarios (aparte de las demás constancias obrantes en la causa) como para determinar el carácter, la entidad y gravitación de los desperfectos, el estado del automotor antes y después de la reparación (ubicación de los daños), la idoneidad de los arreglos o el grado de posibilidad de llevarlos a cabo de un modo eficiente, la subsistencia de indicios y su magnitud, y un estudio comparativo entre el valor originario y el ulterior que traduzca la depreciación.

Un accidente como el de autos, determina daños en la unidad que no obstante su reparación, desvalorizan el vehículo, lo que naturalmente altera su precio y su nivel o posibilidad de reventa; no puede soslayarse que la pintura y diversas partes del vehículo ya no serán las originales, lo que será advertido por eventuales compradores a la hora que decida vender el rodado.

Por los motivos expuestos, y atento a la envergadura de las averías causadas al vehículo, estimo la pérdida de su valor venal en un 15% del valor de la unidad sin siniestrar.

A dichos efectos, solicito a V.S. que el valor del presente rubro sea fijado en base a las probanzas de autos y lo que S.S. estime a tal efecto tomando como base de valor del vehículo en mercado, que es de $ 105.000.- actualmente.

VI. d. INCAPACIDAD SOBREVINIENTE:

Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente debe incluirse cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva de la víctima como aquélla que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad. La reparación comprende no sólo el aspecto laborativo del damnificado, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada.

De modo que el daño no sólo se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo sino que comprende también cualquier disminución mensurable económicamente que experimente aquél con los consiguientes trascendidos negativos que esas disminuciones generan en el patrimonio (CNCiv., Sala D, 03/10/1995, P., M. O. c/ Establecimiento Geriátrico La Residencia SRL; LL, 1996-E, 3).

Como es sabido, la afectación de la integridad física o psíquica que arroja una secuela que impide definitivamente el restablecimiento del estado de cosas de que gozaba la persona con anterioridad al suceso dañoso, debe indemnizarse de acuerdo con las particulares circunstancias de cada caso, pues no todo ataque contra la integridad corporal o la salud de una persona genera incapacidad. A tal efecto, es menester la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestados a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen totalmente (CNCiv., Sala H, 13/10/2004, Alvarez, Susana Patricia c/Spiniello, Carlos y otros s/Daños y perjuicios).

Se aprecia en miras de lo funcional, pero el origen puede ser anatómico, fisiológico o una combinación de ambos (conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de Daños, T. 2a, pág. 344).

Para evaluar el resarcimiento, no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación (CSJN, Fallos: 320:1361; 325:1156).

Por esos motivos, debe adoptarse un criterio que en cada supuesto contemple las específicas circunstancias que rodean a la víctima, como ser la edad, la preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción sufrida y su incidencia para sus actividades actuales o futuras.

En lo que atañe específicamente al daño psíquico, resulta conveniente recordar que cualquier merma de las aptitudes psíquicas de un individuo constituye un daño resarcible.

El daño psíquico es una alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarda adecuado nexo causal con el hecho dañoso e importa una significativa descompensación que perturba su integración en el medio social (CNCiv., Sala C, 20/09/1999).

Para establecer el daño psíquico se ha de proceder de la misma manera que para determinar el deterioro físico, es decir, probada la existencia de dicho daño, resulta necesario distinguir entre el que se ha producido como consecuencia directa del acaecimiento del siniestro y aquel que se ha derivado de la situación personal anterior del damnificado (CNCiv., Sala J, 21/10/1999). Además, la cuantificación de la magnitud del daño psicológico a los fines de su indemnización requiere compulsar la medida en que dicha mengua repercutirá patrimonialmente en la situación del damnificado, tanto en la realización de sus actividades diarias -aun cuando no generen ingresos-, como así también en todos los aspectos de su vida que, de manera indirecta, incidan en sus perspectivas de evolución material o en mayores erogaciones para su sustento (CNCiv., Sala A, 12/11/1999).

No resulta ocioso recordar que el art. 1746 del CCCN se refiere a la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, en los siguientes términos: “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades”.

En el caso de autos, las secuelas que ha dejado el violento accidente son de orden psíquico.

Esta se ha presentado en función de los síntomas y las inhibiciones surgidas a consecuencia del hecho traumático del accidente, a partir del cual sufro de un profundo temor a que un hecho similar vuelva a ocurrirme, padeciendo de recurrentes e intromisivos recuerdos del accidente que sufrí, pesadillas frecuentes y sustos abruptos y repentinos al circular.

Además, todo influye en el ámbito familiar, manifestándose en contestaciones bruscas, frecuentes cambios de ánimo, melancolía y aislamiento.

Antes del accidente era una persona alegre, divertida, sociable, que visitaba frecuentemente a mis familiares y amigos, pero después me transformé en una persona retraída, antisocial y poco comunicativa con mis familiares. Mi vida de relación se vio modificada, ya que me he vuelto temeroso e inseguro, angustiándome el hecho de tener que depender de terceros para realizar algunas tareas. Además, desde el accidente me encuentro reacio a salir solo a la calle y he dejado de visitar a mis familiares y amigos.

En virtud de lo precedentemente expuesto, resultando manifiestas las afecciones psíquicas, solicito a V.S. cuantifique el resarcimiento por este rubro en lo que considere justo.

VI. e. CONSECUENCIAS NO PATRIMONIALES:

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, el damnificado directo está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales. En la mencionada norma, también se aclara que “el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

El artículo recientemente referido, vino a dar claridad a lo que antes se denominaba “daño moral”, aunque es del caso aclarar que la indemnización de las consecuencias no patrimoniales no reemplaza directamente al daño moral, pues se trata de un cambio de concepción, en el que se determina el alcance de lo que realmente se está indemnizando, o reclamando.

Y en esa inteligencia, cabe señalar que dentro de este rubro debe incluirse al daño en el espíritu, en las creencias, a la dignidad, a la tranquilidad de ánimo.

Mucha de la jurisprudencia anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, ha evaluado adecuadamente al daño no patrimonial, o moral, por lo que ciertos precedentes son aplicables en la actualidad. Entre ellos, pueden mencionarse los siguientes:

El daño moral consiste en la lesión a los derechos extrapatrimoniales, es de naturaleza subjetiva y alcanza a las molestias en la seguridad personal o en el goce de los bienes, o en la lesión de las afecciones legítimas de la víctima (C. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala 2º, Hidalgo Catalino L. y otra c/ Vázquez Miguel A. y otro, 15/07/1997).

Se ha dicho respecto del daño moral que es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la Responsabilidad Civil, pág. 234; CNCiv., Sala H, 07/06/1996, R. 184.606, Mannucci, Elisa Leonor c/ Sanguinetti, Mario Horacio s/ Daños y perjuicios).

El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. Pizarro, Ramón D., Daño moral, pág. 47; CNCiv., Sala K, 18/04/2006, Espejo, Olga Beatriz c/ Lo Russo, Daniel y otros s/ Daños y perjuicios).

El daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar (C. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala 2ª, 30/09/1997, Giordano Christian D. c/ Castet de Mendoza, María y otro).

El daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la integridad física, el honor y los más caros afectos, aunque no es referible a cualquier perturbación del ánimo o las incomodidades que en la vida cotidiana estamos sometidas las personas (C. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala 2ª, 30/09/1997, Giordano Christian D. c/ Castet de Mendoza, María y otro).

En virtud de lo hasta aquí expuesto, y la angustia y padecimientos resultantes del accidente del que lamentablemente participé en forma pasiva y del que fui víctima, así como las incomodidades que debí afrontar por el mencionado evento, solicito a V.S. en base a las probanzas de autos estime el valor correspondiente a este rubro.

VII.- LIQUIDACIÓN:

El resumen de lo reclamado, es el siguiente:

A) Reparación del rodado……………………………………….. $ xxxxxx.-

B) Privación de uso (a consideración de S.S.)

C) Desvalorización del rodado (a consideración de S.S.)

D) Incapacidad sobreviniente (a consideración de S.S.)

E) Consecuencias no patrimoniales (a consideración de S.S.)

TOTAL…………………………………………………………….. $ xxxxx.-

VIII.- MORA Y CÓMPUTO DE LOS INTERESES:

Solicito que se haga lugar a la demanda de daños y perjuicios por la suma total solicitada, y que resulta de la liquidación practicada en el acápite anterior, o lo que en más o en menos resulte de la prueba producida o del elevado criterio de V.S., con más los intereses desde que se configuró cada perjuicio objeto de reparación (CNCiv., en pleno, 16/12/1958, Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes s/Daños y perjuicios; así como lo establecido en el art. 1748 del Código Civil y Comercial de la Nación) y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (CNCiv., en pleno, 20/04/2009, Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/Daños y perjuicios).

IX.- PRUEBA:

Se ofrecen los siguientes medios de prueba:

IX. a. DOCUMENTAL:

Acompaño como prueba documental, la siguiente:

1) Copia Documento Nacional de Identidad,

2) Copia Recibo de Haberes,

3) Copia de licencia de conducir,

4) Copia del título de propiedad del vehículo,

5) Cinco (5) fotografías relativas al accidente,

6) Presupuesto de Taller xxxx., en los que constan los valores de

reparación de los daños causados al vehículo de mi propiedad

7) Denuncia administrativa al Seguro,

8) Copia Certificado de cobertura,

9) Copia de Exposición policial,

10) Carta Documento Nº xxxxxx dirigida a xxxxxxxxxx,

IX. b. INFORMATIVA:

Solicito que se libren los siguientes oficios:

1. Al taller xxxxx., propiedad de xxxxx, con domicilio en calle

xxxxx y xxxxx, a fin de que se expida sobre la autenticidad de la documental que se acompaña.

2. A la Comisaria xxxxxxx de la ciudad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a

fin que informe si la exposición civil del día xxxxxxxxxxx de 2019, efectuada por el Sr. xxxxxxxx es auténtica y fue extendida por esa Comisaría, para lo cual se adjuntará al respectivo oficio copia del acta pertinente.

3. Al Registro de la Propiedad Automotor, para que informe el nombre de los titulares de los vehículos intervinientes en el accidente.

4. A dos concesionarias de venta de vehículos a elección del actor, a los efectos de que informen el valor de mercado actualizado de un vehículo marca xxxxxxxt modelo xxxxx

IX. e. PERICIAL:

Solicito que oportunamente se designen los siguientes peritos:

PERICIAL MECÁNICA: Se designe perito ingeniero mecánico único de oficio, a efectos que informe sobre los siguientes puntos de pericia.

1.- Que informe, teniendo en cuenta las constancias de autos y fotografías certificadas, si la mecánica del accidente resulta verosímil a como se ha relatado en este escrito de inicio.

2.- Que realice un croquis del lugar del accidente.

3.- Que informe si a la hora del accidente el tránsito en el lugar del hecho era intenso.

4.- Que detalle los daños en el rodado del actor.

5.- Si los valores consignados en los presupuestos se ajustan a los valores vigentes en plaza.

6.- Todo otro dato de interés que sea útil para la dilucidación de la presente litis.

X.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS:

Por cuerda separada, por carecer de recursos esta parte actora y con el fin de hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia, se inician los autos para peticionar la concesión del beneficio de litigar sin gastos, conforme lo determinan los arts. 78 y cctes. del CPCCN.

XI.- SE AUTORICE:

Solicito a V.S. que se faculte a la Srta. xxxxxr, DNI xxxxxx, para examinar el expediente, notificarse de traslados de contestaciones y pericias, practicar desgloses, retirar copias, cédulas y medios probatorios, dejar nota, diligenciar traslados, exhortos, oficios, testimonios, cédulas, mandamientos ley 22.172 y, en general, cualquier otra gestión de la cual fuera suficiente esta autorización.

XII.- ACOMPAÑO BONO:

Se acompaña el bono de Ley XIX Nº 18, solicitando su agregación.

XIII.- DERECHO:

Fundo mi derecho los arts. 1716, 1717, 1721, 1722, 1723, 1726, 1737, 1740, 1741, 1744, 1746, 1748, 1749, 1751, 1753, 1757, 1758, 1769 y cctes. del Código Civil y Comercial de la Nación, y art. 118 de la ley 17.418; ley de tránsito 24.449, jurisprudencia y doctrina aplicable al caso.

XIV.- RESERVA DEL CASO FEDERAL:

Para el hipotético caso que V.S. no hiciera lugar a la acción aquí intentada, hago expresa reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por violación de derechos constitucionales reconocidos en la Carta Magna, tales como el de peticionar ante las autoridades (art. 14), el de defensa en juicio (art. 18), el de propiedad (art. 17), los derechos no enumerados (art. 33, y los derechos de rango supra-legal incorporados por la reforma constitucional del año 1994, e incorporados en el art. 75, inc. 22.

XV.- EXIMICIÓN DE COPIAS DE TRASLADO:

Solicito con fundamento en el art. 121 del CPCC, la Ley 25 675 llamada Ley General de Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional, que se exima al actor de presentar copias de traslado en papel en atención a que estando vigente la Acordada 3/15 es posible digitalizar las mismas para ser consultada y descargada en todo momento por cualquiera de las partes.

Es de destacar que la cantidad de copias a efectuar en el presente expediente ascendería a xx (xx fojas de documentos y xx fs. y vta. de demanda) lo cual resulta innecesario y contrario a la protección del medio ambiente.

XVI.- PETITORIO :

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1) Me tenga por presentado, por parte, con patrocinio letrado, por denunciado domicilio real y por constituido el domicilio procesal,

2) Tenga por ofrecida la prueba y oportunamente ordene su producción,

3) Se haga lugar al Beneficio de litigar sin gastos,

4) Se corra traslado de la demanda por el término de ley,

5) Se tenga presente la reserva del caso federal,

6) Se autorice a los denunciados en punto XI,

7) Oportunamente, haga lugar a la demanda en todas sus partes, se condene a los demandados al íntegro pago de lo reclamado o lo que en más o en menos resulta de la prueba a producirse, con expresa imposición de costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.-