Interpone Recurso Extraordinario Federal

 

INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL 

Excmo. Tribunal:

………., abogado inscripto en el T° .. F° .. C.A.S.M., (teléfono …….), ratificando el domicilio procesal constituido en ……….., y ratificando el domicilio electrónico en C.U.I.L. …………., en mi carácter de abogado patrocinante de la querella del Sr. …………..; apoderado de la Asociación en la causa…………….., me presento ante V.S. y como mejor proceda a derecho digo:

I.— OBJETO

En tiempo y forma vengo a interponer recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el art. 14 de la ley 48 y en los arts. 256 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial, contra la sentencia dictada mediante acuerdo Nº ……… de fecha …………….., que fuera notificada en fecha ………………..

Tal como se podrá observar de los puntos que se mencionarán a continuación, concurren en la especie todos los requisitos establecidos tanto en relación a la admisibilidad como a la procedencia del recurso.

II.— RESOLUCIÓN QUE CAUSA GRAVAMEN IRREPARABLE

Resulta procedente el recurso extraordinario federal contra las sentencias definitivas emanadas del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, conforme lo establece el art. 14 de la ley 48.

Es de resaltar que en la especie estamos ante un caso típico de sentencia definitiva toda vez que se trata de una resolución que pone fin al proceso y priva a esta parte de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos.

II.— TÉRMINO

Que habiendo sido notificada esta parte del fallo dictado en autos con fecha ……………., el presente recurso extraordinario es interpuesto ante V.E. en tiempo de ley según los diez días de plazo que nos acuerda la norma procesal.

II.2.— DOMICILIO

Para el caso en autos, vengo a constituir domicilio en la jurisdicción Federal y por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la calle ……………… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III.— DERECHO FEDEAL LESIONADO

La sentencia recurrida viola la el derecho-garantía de igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de asociación y la garantía de razonabilidad y el debido proceso legal consagrados en los arts. 14, 16, 18, 28, 75 inc. 22 y conc. de la C.N; así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XXII; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 22.1; Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, vulnera  los derechos de debido proceso legal, a una decisión razonada y fundada y de tutela judicial efectiva reconocidos en los art. 1, 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

IV.— ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

El recurso es admisible en los términos del art. 14 de la ley 48 y se funda en la forma exigida por los arts. 14 y 15 de la misma, arts. 256 y 257 y conc. del Código Procesal Civil y Comercial.

Se interpone dentro de lo diez (10) días de haber sido notificada la resolución recurrida.

La resolución atacada es definitiva y causa gravamen irreparable sin que exista oportunidad procesal útil para proteger los derechos vulnerados.

Asimismo, vulnera la garantía de debido proceso y a una decisión razonada y fundada y de tutela judicial efectiva (arts. 18, C.N. y 8 y 25 de la C.A.D.H.).

La cuestión federal fue oportunamente introducida por esta parte, al interponer la acción procesal administrativa.

V.— ANTECEDENTRES DE LA CAUSA

V.— ANTECEDENTES. LOS HECHOS

La Asociación que representó mi asistido tiene por objeto social “defender y promover los derechos humanos amparados en los pactos internacionales y la Constitución Nacional, especialmente aquellos de los cuales sean titulares todas las personas privadas de libertad, que se encuentren cumpliendo detención en cualquier establecimiento carcelario, judicial, policial, de internación psiquiátrica o médica u hogares de menores, por disposición de autoridades estatales, o personas que sufran cualquier privación de libertad por agentes estatales o paraestatales. A tal efecto la asociación fomentará la divulgación y promoción en la sociedad de los derechos humanos así como su efectivo cumplimiento, coordinará actividades con otras organizaciones de derechos humanos y sociales, organizará cursos y seminarios, efectuará presentaciones ante las autoridades estatales, a nivel provincial, nacional e internacional, integrará federaciones, coordinadoras o redes que compartan los mismos objetivos, promoverá iniciativas legislativas y se interesará e intervendrá como parte o en todo otro carácter en los procesos administrativos y judiciales ventilados sobre la materia, de conformidad con las normas procesales aplicables en cada caso. (art. 2 estatuto social, el subrayado nos pertenece).

A partir del año 2000, una vez obtenida la personería jurídica, los integrantes de la Asociación ……… reingresaron a la Unidad de Detención N° ……, sin otras limitaciones que las necesarias para acceder a cualquier unidad de este tipo, accediendo a los pabellones de los internos y comunicándose con los mismos de forma colectiva, generándose de ese modo un verdadero espacio de interrelación social, cultural y educativo, tanto entre los propios internos, como entre éstos y los integrantes de la asociación.

En este espacio, mediante nuestra presencia, jamás presenció situación de violencia alguna, sino que, por lo contrario, se desarrolló mediante un armonioso diálogo, escucha de opiniones y vivencias de todos los integrantes del mismo.

De ese modo, la Asociación ………….., por medio de sus integrantes, se convirtió en un verdadero referente para los internos de la unidad de detención.

No obstante la inmediata solución que requería la situación carcelaria, en virtud del informe referenciado, las alarmantes condiciones de detención y problemáticas carcelarias no fueron solucionadas, ni se tomó al respecto medida alguna, lo cual profundizó la crisis carcelaria.

En fecha 31 de marzo y 2 y 3 de abril del año 2003 se produjo una brutal represión y agresión por parte del personal de la Unidad … a los internos alojados en ella, afectándose gravemente la integridad física de éstos, y produciendo, una vez más, un agravamiento injustificado de las condiciones de detención de los internos.

Dicha represión y agravamiento en las condiciones de detención trajo como consecuencia que se presentaran más de medio centenar de hábeas corpus, sin contar con las respectivas denuncias.

Lo anteriormente expuesto, es a los fines de referenciar la situación que se vivenciaba en la dicha unidad, por lo cual la Asociación, efectuó las medidas legales y de denuncia que estimaba pertinentes para poner fin a tal agravamiento en las condiciones de detención.

Cabe aclarar que el espacio físico que se acordó a la Asociación para efectuar las visitas, es un lugar diminuto y totalmente alejado de los pabellones (a la entrada de la unidad al lado de la guardia), por lo cual los internos deben realizar un gran recorrido, exponiéndose ante todo el personal carcelario quienes pueden identificar perfectamente al detenido que solicita nuestra presencia.

Por otra parte, la imposición de limitar a nuestra Asociación a realizar la tarea con integrantes de un único pabellón por día y en forma individual, hace que sólo podamos tomar contacto con un número ínfimo de internos mensualmente y que no podamos escuchar ni interactuar con todos los demás, como tampoco permite que estemos con un interno de otro pabellón que quiera comunicarse con nosotros.

El panorama apuntado, en el cual reviste trascendental importancia el temor de los internos a quedar expuestos, con la modalidad de la entrevista individual, ante el personal de la unidad de detención, redujo notoriamente la cantidad de entrevistas y el contacto que se tenía con los internos.

V.2.— LA DEMANDA INCOADA

Esta parte interpuso la presente demanda contra la PROVINCIA DEL ……….  –Tribunal Superior de Justicia–, solicitando se declare la nulidad de la Disposición interna ………… y de la Resolución del Ministro de Seguridad y Trabajo Nro. ……….. de fecha …………… y que, en consecuencia, se reestablezca el derecho vulnerado a la Asociación.

Se formuló desde un principio, y con claridad, el agravio constitucional, por entender vulnerados los derechos de realizar el objeto social (asociarse con fines útiles) nuestro derecho a recibir un trato igualitario con las demás personas jurídicas a las cuales sí se les permite el ingreso y la razonabilidad y legalidad de los actos del poder público.

Se sostuvo que el hecho de que nuestra asociación no persiga fines religiosos, no implicaba que no sea un espacio de contención para los internos, en cuanto a éstos se les garantiza, en el propio artículo 153 de la ley 2660 que ellos invocan, la libertad de conciencia y religión, derecho que en su paralelo refiere al de no pertenecer a orden religiosa alguna y de buscar el propio espacio para la contención moral y espiritual.

Así, luego de la restricción casi total del ingreso de los miembros de la asociación, las situaciones de violencia dentro de las unidades de detención se han recrudecido considerablemente, incrementándose por lo tanto la violación a los derechos y garantías establecidas en diversos tratados de derechos humanos, la Constitución Nacional y la ley 2660 y exponiendo a los presos allí alojados a todo tipo de abusos por parte del personal policial.

Efectivamente –en dicho sentido– el artículo 80 de la ley 2660 establece que no se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra incorporado el interno.

Se dijo que la restricción impuesta a la Asociación era absolutamente discriminatoria y no respondía a las medidas de seguridad, sino a los fines de obstaculizar su objeto social, puesto que todas las demás visitas se realizan en el sector de pabellones, y sin ninguna limitación adicional.

En ese sentido citamos jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas –si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal– se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional al respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional que, de confirmarse y continuarse la situación planteada, estaría claramente violado por la Provincia de Buenos Aires” (Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/Hábeas corpus”).

Se afirmó que la negativa a posibilitar que los internos tomen contacto sin exponerse y de manera grupal con la asociación comporta una afectación de los derechos de aquéllos a comunicarse periódicamente con representantes de personas jurídicas que se interesan por su reinserción social y de asociación que represento de hacer posible la consecución de su objeto social, y con ello el derecho de asociación mismo.

Resaltamos que de acuerdo a lo establecido por la Opinión consultiva N° 6 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”, se refiere a LEYES EN EL SENTIDO FORMAL, esto es: “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”.

En virtud de la claridad de lo expresado por la C.I.D.H., es evidente que ninguna restricción a derechos ya sea de esta organización o de las personas privadas de la libertad emanada de un reglamento y sin margen de discreción para decidir, puede ser tomada como válida.

Concretamente, y por tratarse de actividad reglada y además de actividad que restringe derechos a través de actos inaptos para ello, concluimos que las resoluciones atacadas debían ser declaradas nulas.

V.3.— CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Que a su turno la provincia de ……… procede a contestar demanda negando que exista razón para declarar la nulidad de los actos administrativos cuestionados por esta parte, desconociendo la existencia de afectación a los derechos de libre asociación e igualdad y las garantías de razonabilidad y debido proceso.

V.— SENTENCIA

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de …….. dispuso desestimar la acción procesal administrativa deducida por nuestra Asociación contra la Provincia del ………

VI.— CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE LA INSTANCIA EXTRAORDINARIA

VI.— Existencia de causa

Uno de los requisitos esenciales para el ejercicio de la competencia recurrida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  está dado por la existencia de causa.

Este concepto ha sido definido por la C.S.J.N. que corresponde asignar al Recurso Extraordinario Federal “Todo asunto susceptible de ser llevado ante los tribunales de justicia mediante alguno de los procedimiento establecidos a ese efecto”.

Como resulta palmario el caso traído a resolución se encuentra comprendido dentro de esta definición, puesto que se trata de un proceso contencioso, tramitado bajo las normas del proceso ordinario, que ha culminado mediante una sentencia provista de aptitud para alcanzar eficacia de cosa juzgada en el sentido material  y encuadrable por en ende en el concepto de sentencia definitiva establecido en el art. 14 de la ley 48.

VI.2.— Cuestión federal

Por cuestión federal se entienden aquellas que versan sobre la interpretación de normas federales  ya sean constitucionales o legales, éstas pueden revestir en carácter de simples o complejas y de directas o indirectas.

Dentro de la clasificación de cuestión federal simple se encuentra la interpretación de cláusulas constitucionales, esto es cuando se trata de determinar el alcance de alguna o algunas de las cláusulas constitucionales y no se halla en juego la colisión de éstas con otra norma o acto.

Esta cuestión se suscita si se desconoce un derecho o una prerrogativa que emana en forma directa del texto constitucional, en el caso concreto, y como se fundamentará, se han desconocido el derecho de igualdad ante la ley (art. 16, C.N.), el derecho de asociarse libremente y el derecho implícito de cumplir el objeto social (art. 14, C.N.), el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la Constitución Nacional, el derecho a un debido proceso y a una decisión razonada y fundada establecidos en los arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional y en los arts. 1 y  8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambas con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22).

Que esta circunstancia configura la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente para justificar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

VI.3.— Relación directa e inmediata. Trascendencia de la cuestión federal

Otro requisito necesario para la admisión del REF, es la relación directa e inmediata, la que se configura cuando la resolución que deba acordarse a la causa dependa necesariamente de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales.

Como se puede apreciar en el presente recurso la relación directa entre la interpretación de las normas federales invocadas y la resolución de la causa es palmaria, puesto que de habérsele dado una adecuada interpretación a la misma la resolución debería haber sido favorable a los intereses de esta parte y por lo tanto es la trasgresión a las normas constitucionales invocadas por ésta la que directamente cercena la posibilidad de un fallo adecuado al ordenamiento.

VI.— Contradicción con el derecho federal y la Constitución Nacional

Asimismo y en razón de que la finalidad del Recurso Extraordinario Federal es la de garantizar la supremacía de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales, un requisito de admisibilidad del Recurso Extraordinario, es el de demostrar que la resolución impugnada contraríe derechos fundados en alguna de las normas integrantes de los referidos ordenamientos.

Habida cuenta de que en el caso existe contradicción con distintas normas del ordenamiento constitucional, esta parte expondrá por separado cada una de ellas, a fin de hacer más ordenada la exposición.

VII.— Afectación del artículo 14 de la Constitución Nacional

Transgresión a los derechos de asociarse 

La sentencia recurrida, al rechazar la acción incoada y sostener que no existió ilegalidad manifiesta en el obrar administrativo cuestionado por esta parte, vulnero el derecho de la Asociación a asociarse con fines útiles y el consecuente derecho derivado del mismo de cumplir con el objeto social.

La Constitución de la Provincia de ……… garantiza la libertad de Asociación para fines lícitos y obliga al Estado Provincial a promover y favorecer la constitución de organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro y cuya actividad persiga un fin de interés general en beneficio de la comunidad, como instrumentos para el desarrollo y la participación democrática (arts. 31 y 52 C.P.N.).

Por otra parte, el art. 14 de la Constitución Nacional también garantiza el derecho de asociación para fines lícitos.

De esta manera se impide la realización de los fines sociales de esta Asociación contrariando lo dispuesto en el art. 31 de la Constitución Provincial que sólo faculta al Poder Judicial, mediante una sentencia dictada en un caso concreto, a hacerlo.

La garantía constitucional del art. 14  declara lícita toda unión de personas con un fin lícito para lo cual el Estado no debe interferir ilegítimamente en la realización de los fines propuestos, máxime cuando los mismos son completamente legales y fomentan los derechos humanos amparados por la Constitución Nacional, Provincial y Tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Siguiendo estos precisos lineamientos es dable destacar que la sentencia consolida la afectación material a la realización del objeto social de esta parte dado que el sólo hecho de que el contacto con los internos no este vedado no es suficiente, puesto que se impide el conocimiento de las condiciones de detención, sujetándose concomitantemente a los integrantes de la asociación a la voluntad del personal policial de la unidad …. quien es en definitiva el que decide a los internos que se puede ver y a cuáles no.

Ello es así toda vez que, al no poder acceder a los pabellones no se puede constatar si se están respetando las condiciones de alojamiento, y al tener que requerir el comparendo al personal policial, se está expuesto a la no infrecuente práctica de que este último alegue que el interno no quiere recibir la visita. Así  y bajo este sistema sucede que  cuando los internos han sido víctimas de apremios ilegales por parte de la policía, esta parte no puede visitarlos puesto que al requerir su comparendo es el propio personal policial el que bajo cualquier excusa deniega su visita.

Cabe destacar que, además, la sentencia se encarga de reproducir los falaces e inmotivados argumentos esgrimidos por la administración –respecto a que se nos había restringido el ingreso por razones de seguridad– sin analizar siquiera lo expuesto por esta parte.

Lo que justamente omitió considerar era que dichas restricciones no respetaban los principios de legalidad y proporcionalidad y que luego de la restricción casi total del ingreso de los miembros de la asociación, las situaciones de violencia dentro de las unidades de detención se han recrudecido considerablemente, incrementándose por lo tanto la violación a los derechos y garantías establecidas en diversos tratados de derechos humanos, la Constitución Nacional y la ley 2660 y exponiendo a los presos allí alojados a todo tipo de abusos por parte del personal policial.

De lo expuesto y de la obviedad de estas circunstancias se colige sin hesitación alguna que la medida cuestionada impide la realización del objeto social y que además lo hace de manera injustificada puesto que las severas restricciones dispuestas no son aptas para garantizar ni mejorar la seguridad del establecimiento.

VI.2.— Transgresión al derecho de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación (art. 15, C.N.)

La diferencia de trato, que convalida la sentencia atacada, hacia esta Asociación respecto a otras Asociaciones, vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional.

La sentencia desconoció lo alegado por esta parte respecto a que el hecho de que nuestra asociación no persiga fines religiosos, no implicaba que no sea un espacio de contención para los internos, en cuanto a éstos se les garantiza, en el propio artículo 153 de la ley 2660 que ellos invocan, la libertad de conciencia y religión, derecho que en su paralelo refiere al de no pertenecer a orden religiosa alguna y de buscar el propio espacio para la contención moral y espiritual.

Por otra parte, nada dice la sentencia respecto a la diferencia de trato que recibe esta asociación con el personal del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a quienes se les permite visitar a los internos en la escuela.

La discriminación que padece la asociación perjudica también a los internos en la medida en que los derechos de los detenidos se vulneran. Respecto a ello cabe mencionar que el artículo 18 de la Constitución Nacional, en la parte que aquí interesa, establece “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”; disposición ésta complementada mediante la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 25; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5.

La negativa a posibilitar que los internos tomen contacto con la Asociación, comporta una afectación de los derechos de las personas privadas de su libertad a comunicarse periódicamente con representantes de personas jurídicas que se interesan por su reinserción social y también se traduce en un perjuicio para la asociación al no hacer posible la consecución de su objeto social, y con ello el derecho de asociación mismo.

De ese modo, la sentencia avaló el ilegal accionar administrativo al convalidar una DESIGUALDAD infundada que se traduce en TRATO DISCRIMINATORIO para nuestra asociación.

VI.3.— Transgresión al art. 18 de la Constitución Nacional y al artículo 8.1 de la C.A.D.H.: la violación a la garantía del debido proceso y al derecho de obtener una decisión razonada y fundada. Violación al derecho a una tutela judicial efectiva.

El principal defecto del resolutorio en crisis es la falta de adecuada fundamentación normativa, y la completa omisión del análisis y tratamiento de los fundamentos vertidos por esta parte para sustentar la arbitrariedad e ilegalidad de la actividad administrativa atacada, la cual violaba derechos constitucionales de esta parte. Asimismo, es manifiestamente arbitraria por la absoluta ausencia de valoración de la prueba obrante en la presente causa.

En efecto, es sabido que un pronunciamiento judicial debe explicitar las razones que conducen a fallar en determinada dirección. Una sentencia motivada debe orientar el análisis de la reflexión del magistrado a las cuestiones conflictivas introducidas por las partes. Esto es así en función del consabido principio de congruencia, correlato indispensable de la salvaguarda constitucional de un debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y otros tratados de igual jerarquía).

El respeto de esta exigencia deviene obligatorio en virtud de lo establecido por los arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional, que exigen de los actos de gobierno, entre los que se cuentan las sentencias judiciales, no sólo explicitar los motivos y razones de lo que se decide, sino una línea de razonamiento lógica, coherente, que guarde conformidad con el derecho vigente y las constancias del expediente; que dé respuesta a los argumentos de las partes, en lugar de encubrir decisiones basadas tan sólo en la voluntad de los juzgadores.

La resolución impugnada carece de motivación adecuada basada en el derecho aplicable a la causa y en los planteos formulados por esta parte al interponer la acción.

En definitiva, la sentencia peca de deficiente fundamentación, tornándose en arbitraria y nula.

La falta de motivación, vulnera exigencias internacionales de jerarquía constitucional. En efecto, en un caso argentino la Comisión dijo: “La Comisión, sin embargo, entiende que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 25 no se agota con el libre acceso y desarrollo del recurso judicial. Es necesario que el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que, precisamente, da origen al recurso judicial. Es más, esa decisión final es el fundamento y el objeto final del derecho al recurso judicial reconocido por la Convención Americana en el artículo 25, que estará también revestido por indispensables garantías individuales y obligaciones estatales (artículos 8 y 1).

Esta falta de motivación, por lo demás, representa una violación del derecho a ser oído que garantiza el art. 18, C.N., y el art. 8.1 de la Convención Americana.

Respecto a la ausencia total de valoración de la prueba, como esta parte ya expresó, no valoró la prueba documental que surge de los presentes actuados  ni la prueba testimonial obrante en autos, de las que surge que la prohibición de ingreso se debió a que la asociación venia denunciando los apremios ilegales y las condiciones de detención de los detenidos, que  esta prohibición impide la realización del objeto social de la Asociación, Que la actividad de la asociación era conversar con los internos, proveerles de libros, intercambiar experiencias, hacer talleres, charlas y ayudar a los detenidos en los asuntos en que ellos pedían o denunciar situaciones que ellos manifestaran; que el desarrollo de estas actividades nunca produjo situaciones de violencia o inseguridad, que el trato de los guardia cárceles era hostil para con los integrantes de la asociación, entre otras cosas.

Todas estas circunstancias probadas en el expediente no fueron valoradas por la sentencia, pese a su capital importancia para lograr un pronunciamiento ajustado a las circunstancias fácticas y al derecho aplicable, todo lo que constituye un defecto de fundamentación que impone su revocación.

VI.— Arbitrariedad

Como tiene dicho el Alto Tribunal “…la jurisprudencia elaborada por esta Corte en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones equivocadas o que se estimen tales (Fallos 245:327 y los allí citados), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de cualidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74; 239:126 y otros).

La resolución dictada por el Superior Tribunal de la Pcia. de …….. ha prescindido de las argumentaciones volcadas por esta parte en la demanda.

Impugno por tanto la resolución porque la misma no satisface –como razonamiento– las exigencias de un acto jurisdiccional. Así, la Corte ha manifestado que “…si bien la materia debatida en el “sub judice” remite al examen de cuestiones procesales, ajenas a la instancia extraordinaria, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso…” (Fallos 321:1467 y 317:643).

VII.— PETITORIO

Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito:

Se tenga por interpuesto en tiempo y forma de ley recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional en contra la Sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. de …………

Se me tenga por constituido el domicilio y cumplimentados las restantes exigencias formales para la interposición del recurso.

• Del mismo, se corra traslado a la contraria por el término de ley.

En sede provincial, se decrete la admisibilidad formal de la impugnación recursiva ordenándose la elevación del expediente a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina conjuntamente con todos sus antecedentes.

Radicados ya en el máximo tribunal jurisdiccional del país, se abra la instancia federal y se haga lugar al recurso.

Se pronuncie en su lugar la decisión judicial definitiva que haga lugar a la pretensión de esta parte en todas sus partes, esto es: se declare la nulidad de la actividad administrativa, Todo ello, con expresa imposición de costas a la contraria.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA

…………………………………..………

(FIRMA Y SELLO) (FIRMA DEL QUERELLANTE)