Solicita Excarcelación o Medidas Alternativas a la Prisión

Sr. Juez:

………., defensor público, a cargo de la Defensoría Oficial en lo Criminal y Correccional nro. …, con domicilio electrónico, en la causa seguida a X, me presento a fin de solicitar que se le conceda la excarcelación, bajo caución juratoria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 317, inciso 1°, en función del artículo 316, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, según el cual procede la excarcelación cuando pudiere imponerse una pena inferior a ocho años de prisión.
Lo solicitado está en consonancia con la regla legal que impone la excepcionalidad de la restricción de la libertad personal, solo en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280, CP), y con las reglas de jerarquía constitucional que establecen el principio de inocencia y, como consecuencia de ello, el derecho de toda persona imputada a permanecer en libertad mientras se sustancie el proceso (art. 18 de la Constitución Nacional).

Al respecto, destaco que mi asistido cuenta con domicilio constituido en la sede de esta defensoría, donde V.S. podrá citarlo cada vez que así lo requiera.
Otro elemento que contribuye a diluir todo potencial interés en poner en riesgo los fines del proceso es la circunstancia de que, en atención a las características del hecho imputado, y con independencia de que, en caso de que se dicte una condena, la sanción aplicable no podría ser dejada en suspenso, este proceso puede culminar sin que ni siquiera se dicte una pena, ya que es factible un acuerdo de conciliación o de reparación integral del perjuicio, en los términos del art. 59 inc. 6o del Código Penal y del art. 34 del Código Procesal Penal Federal (aprobado por ley 27.063, texto ordenado según decreto 118/2019, aplicable a este proceso en función de lo dispuesto en el art. 1o de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de dicho código).
A su vez, la detención resulta aún más excepcional desde el dictado de la Resolución 2/19 citada en el párrafo anterior, dado que en el art. 210, inc. “k”, parte final, del Código Procesal Penal Federal se establece que la prisión preventiva se impone solo “en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados”, es decir, recién luego de que se haya comprobado fundadamente que la protección de los fines del proceso no queda asegurada con la imposición de una promesa (inc. “a”), del sometimiento al cuidado de personas o instituciones (inc. “b”), de presentaciones periódicas (inc. “c”), de prohibiciones de salidas del país (inc. “d”), de retención de documentos de viaje (inc. “e”), de prohibiciones de presentarse o de residir en determinados lugares (incs. “f” y “g”), de la prestación de cauciones (inc. “h”), de mecanismos de vigilancia electrónica (inc. “i”), ni con
una combinación de varias de las anteriores medidas. Como en cualquier caso, cualquier duda deberá ser resuelta en favor de la persona imputada (art. 3o, CPPN), en especial cuando se trata, en última instancia, de hacer pronósticos sobre lo que puede suceder en el futuro.
Por otro lado, más allá de que la excarcelación ya resulta procedente por lo antes señalado, también debe considerarse la emergencia carcelaria declarada por la reciente resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con motivo de la sobrepoblación detectada en el Servicio Penitenciario Federal.

Dicha situación debe ser tenida en cuenta en el marco del examen de proporcionalidad de toda restricción de derechos, y exige, mientras dure la emergencia, que sea aún más excepcional toda decisión judicial que autorice la privación de la libertad, por la mayor restricción de derechos de las personas detenidas (en especial, del derecho a la integridad —art. 5, CADH—) que implica la superpoblación que dio lugar a la declaración de la emergencia. A este respecto es aplicable la parte final del art. 18 de la Constitución Nacional, que hace responsables a los jueces por esa situación: “Las cárceles de la Nación serán para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Por lo dicho, solicito que se conceda la excarcelación solicitada, o, en subsidio, alguna de las medidas coercitivas alternativas a la prisión que están previstas en la legislación.

Proveer de conformidad.
Será Justicia.