Solicita Exención de Prisión

 

SOLICITA EXENCIÓN DE PRISIÓN

Excmo. Tribunal:

…………., abogado inscripto en el T° … F° … C.P.A.C.F., teléfono ……….., mail ………………, C.U.I.T. …………. y …………………., abogada inscripta en el T° … F° … C.P.A.C.F., teléfono …………., mail ……………, C.U.I.L. …………., constituyendo domicilio procesal en …………………, zona de notificación ………, en la causa que lleva el Nro. ………., nos presentamos ante V.V.S.S., y decimos:

I.— OBJETO

Que siguiendo expresas órdenes del Sr. ………………….D.N.I. Nro. ………., quien habiendo tomado conocimiento de que el presente sumario se ha elevado al TOC Nro. …. y se encuentra en situación de rebeldía desde el mes de diciembre del año 2013, razón por la cual tiene pedido de captura, es que venimos a solicitar se decrete su exención de prisión, ello de conformidad con el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se expondrán.

II.— HECHO. DERECHO

Se le imputa al Sr. …………. el delito al que el juez de grado ha calificado como …………………...

Más allá de los sucesos investigados y de la plena vigencia del principio de inocencia que posee el Sr. PALACIO, se ha dispuesto su captura.

Cabe aclarar que el Sr. ……………… siempre ha estado a derecho desde el momento en que fue notificado de la imputación que tiene en su contra.

Tal es así que por razones personales tuvo que mudarse del domicilio en donde estaba residiendo, dejando de manifiesto vía telefónica de dicha mudanza a la defensoría oficial que lo defendía oportunamente.

El Sr. ……………… nunca tuvo intenciones de estar rebelde, y tras perder contacto con dicha defensoría ya que, desde su cambio de domicilio nunca más ha recibido citaciones, ni siquiera Notificaciones o novedades de la causa, es que se contactó con nosotros, enterándose por ésta vía su pedido de captura.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 316 primer párrafo, es que venimos a solicitar la exención, puesto que nos encontramos habilitados a formular dicha petición. Este articulado sostiene que la exención de prisión “…podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entienda en aquélla su exención de prisión…”

El Código Procesal Penal de la Nación comentado por David Elbio Dayenoff sostiene que “… esta forma de protección y conservación de la libertad personal puede ser promovida por el propio imputado, por intermedio de un abogado o, simplemente por toda persona que lo solicite en la forma pertinente y al juez de la causa…”.

El pedido de exención obedece a la necesidad moral, espiritual y jurídica del Sr. ………. de presentarse a estar a derecho y está dispuesto de hacerse presente ante el Excelentísimo Tribunal a fin de aclarar la situación y ponerse a disposición de la justicia, para lo cual solicita la exención de prisión a fin de contar con las garantías constitucionales que le asiste.

El pedido, no resulta otra cosa que la voluntad del justiciable de ser sometido al proceso sin su detención cautelar, debe tenerse particularmente en cuenta que durante el plazo en que el Sr. ………. no ha estado a derecho no ha entorpecido el accionar de la justicia ni ha interferido con la investigación.

Cabe recordar que la coerción cautelar no es un fin en sí mismo, sino que es sólo un medio para asegurar otros fines, que no resultan ser otros que los del proceso. Por eso no tienen estas medidas carácter de sanción, ya que no son penas, sino medidas instrumentales, que se conciben como formas de restricción imprescindibles para neutralizar los peligros que puede tener la libertad de la persona que lleven a que se impida el descubrimiento de la verdad, por una parte, y la actuación de la ley sustantiva, por la otra. Siendo que en la actualidad todas las Constituciones de los países occidentales, junto con los Tratados de Derechos Humanos, tienen la visión de que la coerción personal del imputado es la excepción y que su restricción o limitación sólo es posible para asegurar cautelarmente que el proceso pueda desenvolverse para sus fines.

Claus Roxin sostiene en su “Derecho Procesal Penal” (Ediciones Del Puerto, Buenos Aires, 2002), que la prisión preventiva es la privación de libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. Ella tiene tres objetivos: 1° Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal; 2° Garantizar una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de la investigación penal; 3° Asegurar la ejecución penal. Se concluye claramente que no pretende otros fines que los enunciados.

Sólo corresponderá entonces la coerción personal y la restricción de la libertad ambulatoria cuando ella sea imprescindible para asegurar los fines del proceso, lo que no parece verificarse en el caso concreto de PABLO PALACIO, por quien se solicita la exención de prisión, dicha exención resulta solicitada sólo a los fines de que el mismo se presente a ampliar su declaración a tenor de lo normado por el art. 303 del C.P.P.N., se someta todas las medidas de prueba que pudieran ordenarse y ofrezca las que pudieran corresponder.

Debe de aplicarse en autos el llamado principio de necesidad o de intervención mínima, de la alternativa menos gravosa o simplemente de subsidiariedad que, como bien se ha dicho se trata de “…un subprincipio del principio constitucional de prohibición de exceso que tiende a la optimización del grado de eficacia de los derechos individuales frente a las limitaciones que pudieran imponer en su ejercicio los poderes públicos”… (Cuellar Serrano, González B., “Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso Penal”, p. 189, Colex, Madrid, 1990).

Se debe partir de la idea del Estado de Derecho y la menor afectación de los derechos fundamentales: Ellen Schlüchter en su obra “Derecho Procesal Penal”, 2ª edición, Valencia, 1999, exige dos principios generales para que estas medidas estén acordes con el Estado de Derecho. a) Lo primero que se debe preservar es la primacía de la ley y el derecho. La ley deberá prever y fijar los requisitos y las consecuencias jurídicas de cada autorización de intervención. b) Todas las medidas coercitivas deben guardar y respetar el principio de proporcionalidad, incluso aunque no esté expresamente formulado por la ley.

Del pormenorizado análisis normativo puede inferirse que resulta justo conceder el beneficio que se peticiona.

Así el art. 280 del código adjetivo, sostiene “…Restricción de la libertad. Art. – La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados y labrándose un acta que éstos firmarán, si fueren capaces, en la que se les comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde serán conducidos y el juez que intervendrá”.

Por su parte el art. 316 del código adjetivo, sostiene  “…El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los arts. 139, 139 bis y 146 del Código Penal.”…

Debo detenerme en el análisis de este artículo, y recordar que la buena jurisprudencia y la doctrina respectivas a este artículo han dicho “…Aun cuando el código utiliza la expresión “podrá”, lo que podría dar a pensar que se trata de una facultad del juzgador el otorgar o no la excarcelación, reiterados fallos han sostenido la verdadera naturaleza jurídica del instituto por ello se trata de un derecho del imputado y no de un simple beneficio que le acuerda la ley, toda vez que la excarcelación emana del principio de inocencia, alojado en la última parte del art. 18, C.N., teniendo por ello evidente arraigo supremo”… (ED, 27-888; ED, 33-153; ED, 49-556, entre muchos otros).

Por su parte el art. 319 del C.P.P.N. reza “…Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones…”.

El art. 18 de nuestra Constitución Nacional establece el debido proceso judicial y el principio de inocencia, receptados por el art. 2 del ceremonial, mientras que el art. 14 de nuestro máximo ordenamiento garantiza el derecho de entrar, permanecer y salir del territorio argentino, mientras no exista una condena concreta que impida tal derecho.

Por su parte el art. 9.P.I.D.C.P. sostiene “…El encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo“, en este aspecto debe observarse el art. 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Para finalizar, los arts. 7 de la C.A.D.H. y 8.2 del mismo ordenamiento establecen la garantía de la libertad ambulatoria y la presunción de inocencia.

Entendemos que el aquí imputado debe gozar de su libertad durante el proceso. Llegado el debate, será la etapa donde se ejerza plenamente el contradictorio, y será el Tribunal quien decidirá sobre la culpabilidad o inocencia del imputado.

En este sentido, no se puede soslayar que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional cuya finalidad es evitar la fuga del imputado y la frustración en la investigación de la verdad. Así se ha sostenido que “…la privación de la libertad procesal sólo puede autorizarse cuando es imprescindible y, por lo tanto, no susceptible de ninguna otra medida de similar eficacia pero menos gravosa. Si no se comprende que el respeto a la libertad y dignidad del hombre es el fundamento de cualquier legitimidad normativa, el Derecho será, lejos de un modo de solución pacífica de conflictos, simplemente un instrumento de opresión”… (Seguí, Ernesto A., “Límites al poder punitivo, coercitivo y normativo del Estado”, Ed. Juris, Rosario, 1993, p. 12).

Del armónico análisis de las normas vinculadas resulta claro que el encarcelamiento preventivo sólo puede tener fines procesales, porque se trata de una medida cautelar, no punitiva, criterio que surge de lo expresamente previsto en el art. 280, Cód. Procesal Penal, y que fuera consagrado en distintos precedentes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (puede ampliarse este criterio en lo expuesto en el fallo “Suárez Rosero” publicado en Nueva Doctrina Penal, con comentarios de Alberto Bovino, N.D.P. 1998 B, ps. 631 y sgtes., en part., ps. 672 y sgtes. al que brevitatis causae desde ya me remito).

Como sostiene el Dr. Daniel Morín en su trabajo “Crisis de las pautas objetivas que limitan la libertad del proceso penal” (Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Casación, t. I, ps. 433 y sigtes.), y teniendo en cuenta la vasta jurisprudencia de la C.N.C.P., se ha demostrado de manera clara, que las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no pueden tener efectos “iuris et de iure”. Existe en nuestro país una larga tradición que se opone a la caracterización de “delitos no excarcelables” a la que no se puede menos que adherir, razón por la cual y, frente a casos como el presente, el análisis de las reglas acerca de encarcelamiento durante el proceso siempre deben ser cotejadas con los elementos del caso; donde la calificación de la conducta, si bien es un elemento importante, no es definitivo.

En síntesis: el criterio general es el que surge del art. 280 y las reglas de los arts. 316, 317 y sgtes. concs. del Cód. Procesal Penal deben interpretarse armónicamente con el principio de presunción de inocencia, es decir: dichas reglas son siempre “iuris tantum“. A su vez, toda pauta que utilice criterios sustantivos también debe ser descartada.

Tal interpretación consideramos que es la única posible para poder sostener la constitucionalidad de lo dispuesto en los arts. 316, 317 y concs. del Cód. Procesal Penal.

En cuanto al peligro de obstaculización de la investigación la prudencia indica, que sólo la grave sospecha de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, o que pueda influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o que, por estar en libertad, pueda inducir a otros a realizar esas conductas. Estas circunstancias, que son de entidad en el curso de una investigación, especialmente al inicio, se van relajando a medida que nos aproximamos al cierre de la etapa instructoria, no pueden justificarse exclusivamente en el hecho de que la investigación se encuentra en ciernes o incompleta, sino en el hecho concreto de que el imputado pueda llevar a cabo alguna de las conductas indicadas, porque los peligros procesales no pueden presumirse; debe haber elementos objetivos que los configuren, siendo que en el presente caso, dichos elementos, no existen.

La jurisprudencia ha dicho “…Ya señalamos que el principio de inocencia que asiste al imputado durante el proceso impide la afectación de cualquiera de sus derechos, incluso –y en especial– el de su libertad ambulatoria (art. 7.1 y 3, CADH) a título de pena anticipada por el delito que se le atribuye, antes de que adquiera firmeza (por no haber sido recurrida, o si lo fue, haber sido confirmada) una sentencia condenatoria en su contra. Por tal motivo, la privación de libertad durante el proceso sólo encontrará excepcional legitimación (“no debe ser la regla general”, dispone el art. 9.del PIDCP) en cuanto medida cautelar, existiendo suficientes pruebas de culpabilidad (que muestren como probable la imposición de una condena cuyo justo dictado se quiere cautelar), y siendo ella imprescindible (máxima necesidad) –y por tanto no sustituible por ninguna otra de similar eficacia pero menos severa–, para neutralizar el peligro grave (por lo serio y por lo probable) de que el imputado abuse de su libertad para intentar obstaculizar la investigación, impedir con su fuga la sustanciación completa del proceso (no hay entre nosotros juicio en rebeldía), o eludir el cumplimiento de la pena que se le pueda imponer. Si este peligro no concurriera en el caso concreto, el encarcelamiento no será preventivo sino que adquirirá una ilegal naturaleza punitiva”… (Cafferata Nores, José I., “Garantías y sistema Constitucional”, Revista de Derecho Penal, t. 2001, I, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 129).

No resulta menor lo enunciado por la Doctora María L. Garrigós de Rébori en oportunidad de resolver el planteo realizado por este defensor en los autos “González Agustín s/ Recurso de Apelación” quien en su voto en disidencia manifestó “…El “quantum” punitivo previsto, y por ende la amenaza de condena a pena de prisión de efectivo cumplimiento, no representa por sí sola peligro de elusión u obstrucción a la acción de la justicia. En el caso, y sin soslayarse el carácter eminentemente provisional del instituto, la presentación de estar a derecho del imputado Agustín González puede coayudar a establecer su responsabilidad o ajenidad con los hechos que se le atribuyen, inclusive a la elucidación de los mismos. Es por ello, que procede concederle la exención de prisión bajo caución juratoria…”.

La Excma. Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ha sostenido en los autos “Pietro Cajamarca, Guido s/ Recurso de Casación (Causa 5199, Reg. 6522, del 20/04/2005), cuya doctrina fuera reiterada luego entre muchas otras en la causa 7202 “González Agustín s/ Recurso de Casación” (Reg 84); “Beraja, Rubén Ezra y otros s/ recurso de Casación (Reg. 6642); “Fantoni, Stefano s/ recurso de Casación” (Reg. 6566); Mariani Hipólito Rafael s/ Recurso de Casación” (Reg. 6282), a cuyos fundamentos brevitatis causae desde ya me remito, que el encierro cautelar dispuesto en el marco de un proceso de naturaleza penal debe encontrar fundamento, para estar justificado normativamente en la necesidad de neutralizar riesgos procesales y, además, en que esa medida resulte indispensable para cumplir con tal objetivo, pues así lo imponen los arts. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 18 de la Constitución Nacional y arts. 280 y 319 del C.P.P.N.

Se sostuvo en los fallos mencionados ut supra que aunque la posibilidad de imponer una determinada sanción penal puede resultar suficiente, tal como lo prevén los arts. 316 y 317 inc. 1 del C.P.P.N., para sostener dicha medida en las primeras etapas del proceso, debe ésta, al tiempo que su duración razonable transcurre, apoyarse también en circunstancias concretas que, además de la imputación de un delito determinado –cuya calificación primaria no es necesariamente conclusiva–, revelen la indispensabilidad a que alude el art. 280 del C.P.P.N., o los riesgos restrictivos del art. 319 del mismo plexo.

En base a lo expuesto no hay posibilidad de aceptar límites a la libertad del imputado que tengan que ver sólo con las escalas penales, tal como el codificador lo ha expresado de manera terminante en el art. 316 del Cód. Procesal Penal, expresión sin duda del origen de este Código Procesal. Si se quiere entender este Código de manera armónica con las Convenciones de Derechos Humanos y nuestro máximo ordenamiento, debe aceptarse que este artículo es inconstitucional cuando sea interpretado “iuris et de iure” y por ende, sólo rige el art. 319 del Cód. Procesal Penal, en cuanto el tiempo de detención sea racional.

III.— DE LA MOTIVACIÓN DEL PEDIODO Y LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL IMPUTADO

El pedido de exención de prisión del Sr. PALACIO obedece a la posibilidad de presentarse por ante V.V.S.S. a fin de ponerse a derecho y dejar de estar en situación de rebeldía, y prestar declaración a tenor del art. 303, realizar su descargo y evacuar las consultas que V.V.S.S. considere pertinentes, asimismo someterse a las medidas de prueba que el magistrado disponga, cumplidos dichos actos, V.V.S.S. podrá optar, por disponer de conformidad con lo normado por el art. 334 o en su defecto por lo dispuesto por el art. 346, ambos del C.P.P.N.

Siendo que dicho pedido de captura data sólo desde hace unos tres meses, es que consideramos que se trata de un tiempo prudencialmente corto como para disponer el encierro injustificado del imputado. Más aún teniendo conocimiento de que la intención del Sr. ………… es la de estar a derecho como antes lo estaba, para que el proceso continúe y se llegue al veredicto final.

Cabe resaltar que el imputado tiene un trabajo fijo mediante el cual puede afrontar los gastos esenciales de un individuo y hacer su vida cotidiana como mejor le resulte posible, es deportista, no se droga, no consume alcohol y no posee antecedentes penales condenatorios.

IV.— HACE RESERVA

Para el hipotético caso de que la acción no fuera acogida formal o sustancialmente venimos a realizar expresa reserva de interponer el recurso extraordinario federal, según lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.

Asimismo venimos a realizar expresa reserva de concurrir por ante la Cámara Nacional de Casación Penal y por ante los organismos internacionales que corresponda a fin de resguardar los legítimos derechos del imputado.

V.— PETITORIO

Por lo expuesto se solicita:

a) Se tenga por peticionada la exención de prisión de ……………………

b) Se tengan presentes las reservas realizadas.

c) Oportunamente se conceda el beneficio solicitado bajo cualquier tipo de caución.

Proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA

……………………

(FIRMA Y SELLO)