Solicita Sobreseimiento

INSTA SOBRESEIMIENTO

Sr. Juez:

………., abogado inscripto en el T° … F° … C.P.A.C.F. ratificando el domicilio procesal constituido en autos, y ratificando el domicilio electrónico, en mi carácter de abogado defensor del Sr. ……… ……… en la causa que lleva el Nro. ………, me presento ante V.S. y como mejor proceda a derecho digo:

I.— OBJETO

Que vengo de conformidad con lo normado por el art. 336 inc. 4 del Código Adjetivo a instar el sobreseimiento de mis defendidos.

II.— HECHOS

Que oportunamente S.Sa. dispuso la notificación en los términos de los arts. 73 y 279 del C.P.P.N. y convocar a mi ahijado procesal a la realización de un examen de A.D.N. en relación a diversas muestras halladas en el lugar de los hechos.

Sostuvo su petición en que ………. estuvo en el lugar de los hechos.

Ahora bien, sometidos mi pupilo a la prueba dispuesta y practicados los estudios ordenados (A.D.N. y morfológico sobre cabellos encontrados) dichas probanzas arrojaron resultado negativo.

Siendo que del profundo análisis del sumario no surge ningún elemento de mérito que pueda vincular a mi defendido con el gravísimo hecho que afectara a la víctima, y que no existe tampoco ninguna línea de investigación o circunstancia que avizore que de prueba a producirse pudiera vinculárselos a este expediente vengo a peticionar se dicte su sobreseimiento total y definitivo en los términos del art. 336 inc. 4 del Ceremonial.

Entiendo que en el caso que nos ocupa estamos frente a la certeza negativa que requiere el instituto que solicito se aplique.

Se trata entonces de resguardar el derecho del imputado a obtener una resolución definitiva en un plazo razonable, y que dicho plazo no se encuentra enunciado pero su razonabilidad dependerá de los elementos que existan para vincular al sujeto al proceso.

Que asimismo la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro. Que de lo dicho surge que las garantías de defensa en juicio y debido proceso, se integran por una rápida y eficaz decisión judicial (Fallos 300:1102).

Que por otra parte, la garantía a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, se basa en que el Estado con todos sus recursos y poder, no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar también la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea hallado culpable. A ello se agrega que el Estado se ve también perjudicado con dicha práctica, no sólo por el dispendio jurisdiccional que significa sino porque se distorsionan todos los fines de la pena (Fallos 322:360, considerando 17 de la disidencia de los Dres. Bossert y Fayt, y CSJN “Barra, Roberto Eugenio”, B.898.XXXVI con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación). La garantía conocida como el Plazo Razonable de Duración del Proceso Penal, tiene hoy expresa tutela constitucional, al encontrarse prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, C.N.).

El art. 7.5 de la C.A.D.H. reza: “Toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable” y el art. 8.1: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”; el art. 25 de la D.A.D.D.H. dispone: “Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a ser juzgado sin dilación injustificada”; y finalmente el art. C del P.I.D.CyP. establece: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

Por su parte nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Caso “Mattei” del 29 de noviembre de 1968 (Fallos 272:188) considero que la resolución cuestionada proponía una renovación de un proceso ya dilatado que, de esa forma, lo conducía inexorablemente a seguir aumentando su duración ya excesiva, lo cual resultaría violatorio de determinados principios básicos del derecho procesal penal que se podrían resumir en el derecho del imputado a un juicio razonablemente rápido. La C.S.J.N. le asignó a ese derecho jerarquía constitucional estableciendo que el mismo se encuentra incluido en la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Carta Magna.

En este precedente, podemos observar la idea de la C.S.J.N. respecto del derecho a un juicio rápido: los principios mencionados (seguridad jurídica, justicia rápida, progresividad, preclusión) ...”obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal”…, concordantemente afirmó que …” debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener –luego de un juicio tramitado en legal forma– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal”…

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Frente a una imputación penal que ha provocado la iniciación de una persecución pública o privada, la persona contra quien esa imputación se dirige tiene derecho a que el Estado, dentro de un plazo razonable, resuelva correcta y definitivamente si ella ha cometido o no un hecho punible y, en caso afirmativo, la consecuencia jurídica correspondiente, visto que en el presente sumario no existe ningún elemento que ni tan siquiera nos permita suponer la existencia de prueba pendiente o de indicio alguno para vincular a mi defendido, he de incoar su sobreseimiento, lo que así solicito.

III.— HACE RESERVA

Encontrándose en juego derechos de raigambre constitucional, como resulta ser la defensa en juicio, vengo a hacer expresa reserva de interponer Recurso Extraordinario Federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de lo normado por el art. 14 de la ley 48, a fin de resguardar los legítimos derechos que asisten a mí pupilo.

Asimismo hago expresa reserva de recurrir por ante la Cámara Nacional de Casación Penal por los mismos fundamentos.

IV.— PETITORIO

Por lo expuesto se solicita a V.S.:

a) Se tenga por incoado el presente sobreseimiento de mi pupilo.

b) Se tengan presentes las reservas del punto IV.

c) Se dicte sobreseimiento de mi pupilo.

Proveer de Conformidad

SERÁ JUSTICIA

……………………

(FIRMA Y SELLO)