Demanda por Daños y Perjuicios. Banco.Tarjeta de crédito. Hurto.

PROMUEVE DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Sr. Juez:
V.S. respetuosamente se presenta y dice:
I.-OBJETO.-
Que en legal tiempo y forma vengo a promover demanda por Daños y Perjuicios contra EL BANCO y a la empresa Tarjeta de Crédito SA, sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que seguidamente expondré.-
II.- HECHOS.-
la actora fue víctima de hurto. COMPRAS QUE LA ACTORA NO EFECTUO. DADO QUE SE REALIZARON LUEGO DE QUE LE SUSTRAJERAN LAS TARJETAS DE SU PROPIEDAD.-
El reclamo contra el Banco-, fue primeramente efectuado en las Oficina de Defensa del Consumidos correspondiente a la Comuna 14, con domicilio en la calle Beruti …, CABA (oficina DGDYPC – CGPC Nª 2).- Así, el reclamo fue registrado bajo denuncia Nº ——–/ INFRACCIÓN LEY 24240”. En dicha instancia, se celebraron tres audiencias.- la primera audiencia. Compareció la denunciada Mastercard Mercosur Inc., mientras que Citibank NA no compareció. Y no hubo acuerdo de ninguna índole.- Se celebró una segunda audiencia. Comparecieron ambos denunciados. Tampoco hubo acuerdo. Se solicitó cuarto intermedio.- Se celebra la tercer audiencia, sin arribar a acuerdo alguno. Se adjuntan Actas de Audiencia.-
La Dirección Jurídica de Protección notifica a la actora mediante correo electrónico, explicando que se ha efectuado una imputación infracción al artículo 19º de la Ley 24240/941, y encontrándose el expediente en etapa probatoria, se encuentra en examen la aplicación de una multa sancionatoria a cada denunciada por el proceder de las mismas en el presente caso. Se adjunta correo electrónico a la falta de respuesta y acuerdo, la actora decide acudir ante el COPREC, reiterando el reclamo y lo peticionado ante la OMIC. Asimismo, peticiona que la entidad bancaria suprima su registración en el registro VERAZ retroactivamente al momento de su ingreso en el sistema, toda vez que la misma fue improcedente.-
El reclamo ingresa bajo Nº expediente—. Se celebran tres audiencias.
Y al día de la fecha no ha obtenido resarcimiento alguno por parte de los demandados.-
Es por todo lo expuesto, que la actora ocurre ante VS, a fin de que le sean reconocidos sus derechos, que han sido vulnerados por las demandadas.-
JURISPRUDENCIA
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca en autos “CASTELLI, MARÍA CECILIA CONTRA BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. SOBRE NULIDAD DE ACTO JURÍDICO” condenó al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. al pago incluyendo el daño punitivo y el daño moral.
En la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Peralta Mariscal, quien destacó que “… basta un simple cotejo de la documental obrante en autos para advertir que la vía judicial se presentó como la única alternativa que restaba transitar para solucionar la situación irregular que estaba padeciendo la accionante…”
Respecto del daño moral, la Cámara entendió que “en este proceso el daño moral se encuentra suficientemente justificado por vía indiciaria (Art. 163, inc. 5°, Código Procesal Civil y Comercial) dada la cantidad de circunstancias adversas que tuvo que atravesar la accionante, durante largo tiempo, hasta lograr que cesara la publicidad de su calificación como deudora morosa, situación en la que fue colocada por negligencia de la demandada…”
Para cuantificarlo, indicó que hay que tener en cuenta: a) la edad del damnificado; b) sus condiciones económicas, sociales, culturales; y c) la intensidad del daño. La Cámara señaló que el daño moral, para ser una “compensación perfecta”, tiene que representar un “placer” para quien lo recibe y así compensar el disgusto sufrido.
Teniendo en cuenta que la actora era una mujer de mediana edad, probablemente de clase media, consideró que un “placer” para ella podría ser representado por el valor de un viaje de un “fin de semana largo” a un punto turístico del país y en buenas instalaciones. En esta línea, la Cámara valuó en $ 20.000 el daño moral, monto que coincidía con el solicitado por la actora.
Respecto del daño punitivo, la Cámara lo consideró procedente porque entendió que se trató de una conducta muy grave del Banco, calificada como una grosera negligencia, cercana al dolo, sumado al aprovechamiento del hecho de que los obstáculos procesales reducen sustancialmente el número de los reclamos. Señaló así la Cámara que el daño Punitivo es una sanción de carácter preventivo impuesta por el magistrado y es esta función el quid para poder cuantificarlo. Para calcular su cuantía, la Cámara indicó en primer lugar que el monto debe ser suficientemente alto para cumplir con su finalidad de disuadir el infractor de reincidir. Describió la Cámara que “es tan grotesca la situación por la que la actora tuvo que transitar hasta llegar a la condena y tan evidente la gravísima negligencia del banco”, que la probabilidad de que a la condena principal se agregue otra por daño punitivo fue estimada en un 98% (no fue valuada en 100% por la novedad del instituto y la escasez de precedentes).
El “deber de reparar”, tiene fundamento jurisprudencial, en la causa “Santa Coloma” Fallos, 308:1160, “Aquino” Fallos 327:3753, etc. donde se sostuvo que “la reparación de los daños sufridos ilícitamente corresponde al derecho que las personas tienen a verse libres y, por ende protegidas de toda interferencia arbitraria (o ilegal) en el ejercicio de sus derechos, sea que ésta provenga de particulares o del Estado. Este derecho básico a la autonomía e inviolabilidad de la persona subyace a la lista del Art. 14 y al principio enunciado en el artículo 19, mientras que el derecho a reclamar su protección se encuentra establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional” (Voto Dra. Argibay, en “Diaz, Timoteo” Fallos 329:473).
III.- COMPETENCIA.-
Como la demandada ha aceptado la competencia de los tribunales nacionales, y según lo dispuesto en el Art. 5 CPCCN, V.E. es competente para entender en los presentes actuados.-
IV.- MEDIACIÓN
Conforme lo acredito con las actas de audiencia cuyas copias se adunan, se ha llevado a cabo el proceso de mediación previa obligatoria Ley 26.589, sin obtener resultado favorable.-
V.- RUBROS RECLAMADOS
a) DAÑO MATERIAL:
b) DAÑO MORAL: se entiende por daño moral al padecimiento de índole espiritual sufrida por una persona en sus afectos legítimos, poniéndose en juego un interés jurídico de orden afectivo. Es la incidencia del ilícito en el espíritu, el cual aparece claramente manifiesto en estos autos. Se tradujo en los sinsabores, disgustos, malos ratos e incertidumbres, que aún perduran; de la publicidad de una deuda de la que no era responsable la actora, de la constante falta de respeto de la demandada; de su reticencia a reconocer sus evidentes errores. El Art. 1741 del Código Civil y Comercial tiene una función reparadora para paliar de alguna forma un estado espiritual disminuido y alterado y al mismo tiempo, sancionar al causante de esa alteración. Sin entrar en el análisis de cada una de las posturas adoptadas por la Doctrina en torno a este daño y enrolada esta parte definitivamente en aquélla que entiende el agravio moral desde un punto de vista resarcitorio, adscribo a que la medida de la indemnización esté en relación con la magnitud del daño, justificando el aporte excepcional de una suma de dinero, no para compensar dolor con placer sino como una forma de contribuir a la superación del agravio moral padecido. Leemos que: “El daño moral es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria.” (CNCiv Sala J, 25/10/94 “Macoratti, Héctor D. c/Expreso Atlántida S.A.).” También que: “El instituto del daño moral se aplica cuando se lesionan afecciones legítimas de una persona o cuando ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o que hayan perturbado la tranquilidad y el ritmo de vida.” (CNCiv, Sala D, ED 61:779; ídem Sala E, ED 42:311; ídem Sala F, ED 100:309). Por este rubro se reclama la suma de $40.000 (pesos cuarenta mil).
c) DAÑO PUNITIVO: La Ley 26.361 de Defensa del Consumidor, que modifica la Ley 24.240, en su Art. 25, que se agrega como Art. 52 bis de la Ley 24.240, dispone que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan…” Se reúnen en la presente demanda las calidades requeridas en el citado artículo, ya que la Ley 26.361, en su Art. 1, define al consumidor o usuario, “entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar.” En el Art. 2, entiende como proveedor a “la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.” Pizarro entiende que los daños punitivos son “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. Cuando el demandado en forma deliberada o con grosera negligencia, causa un perjuicio a otro, se pueden aplicar estas puniciones.” (Pizarro, Ramón D. “Daños punitivos” en “Derecho de daños”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 337). Para Trigo Represas es “un importe de dinero que se habrá de añadir o sumar al del monto indemnizatorio que les pueda corresponder por los daños realmente experimentados; ya que de lo contrario el responsable, que obtuvo un beneficio superior al monto del perjuicio, conservaría todavía una ventaja o ganancia.” (Trigo Represas, Félix A. “Daños punitivos” en “La Responsabilidad. Homenaje al Profesor Isidoro H. Goldemberg”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 285. La jurisprudencia, por su parte establece que: “Ahora bien, para que la actuación del proveedor merezca la citada sanción, la norma sólo exige el incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. Nada más. En consecuencia, el daño punitivo resulta aplicable a todos los casos en los que se dé cualquiera de los citados extremos, es decir, a todo vínculo jurídico dentro de la relación de consumo.” “Machinandiarena Hernández, Nicolás c/Telefónica de Argentina s/reclamo contra actos de particulares”, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala 2°, 27/05/09. Según lo dispone la norma, quedará al prudente criterio de V.S. determinar el monto de esta “multa civil” en su extensión apropiada, pero de manera ejemplar, a fin de evitar su repetición en el futuro por parte de la demandada.
VI.- LIQUIDACIÓN FINAL
VII.-DERECHO.-
Fundo el derecho que me asiste en los arts 116 y 117 de la Constitución Nacional, Art 1 a 5 ley N° 27, Art 2 de la Ley N° 48, Ley 26.361 de Defensa del Consumidor, que modifica la Ley 24.240, y la doctrina y jurisprudencia aplicables.-
VII.- PRUEBA.-
Como prueba que hace a mi derecho ofrezco la siguiente:

X.-PETITORIO.-
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
1. Se tenga por presentado, por parte, y por constituido el domicilio procesal indicado.
2. Se tenga por presentada la prueba documental y por ofrecida la restante.-
3. Se libren los oficios solicitados.-
4. Oportunamente se dicte sentencia.-
5. Se tengan presentes las autorizaciones formuladas en el punto IX.-
Proveer de conformidad que,
SERA JUSTICIA